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Droguerias
COLPRENSA

La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro) denunció que en Bogotá y en varias ciudades del país se están cometiendo una serie de irregularidades en las labores de vigilancia y control que realizan las secretarías de salud municipal, que tienen al borde del cierre a más de diez mil droguerías a nivel nacional.

La directora nacional de Asocoldro, Bibiana Bueno, afirmó que personas que en Bogotá son contratistas los que están visitando las droguerías para dar cumplimiento a un acta que no está aprobada por el Ministerio de Salud y menos por el Invima, donde establecen unos requisitos imposibles de cumplir, que afectaría con sanciones económicos y cierres a más de mil droguerías.

“La denuncia es sobre exigencias de condiciones, de parte de las Secretaría de Salud, de parte de Bogotá y algunos otros casos, donde están pidiendo requisitos incumplibles e innecesarios”, indicó.

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Afirmó que estas exigencias además podrían poner en riesgo el trabajo de los domiciliarios que prestan sus servicios de entrega de medicamentos en las droguerías.

“En Bogotá están exigiendo que quien entrega domiciliariamente un medicamento tenga que ser profesional de la salud, cuando el que entrega no está dispensando sino que entregando; que tenga la droguería un tanque de agua, lo que no es necesario porque en las droguerías no se fabrican medicamentos”, señaló.

Dijo que la falta de una reglamentación del Ministerio de Salud y del Invima está generando que en la regiones se dictan estas normas que no son aprobadas por las autoridades nacionales de salud que van en detrimento de los trabajadores del gremio de las droguerías.

“En Pasto se tiene un problema de corrupción importante por los cobros de unos servicios de funcionarios públicos, en Villavicencio, se están recogiendo medicamentos porque no cumplen con una temperatura que no es la que exige la norma y establece que sea de 30 grados, pero la secretaria de salud dice que sea de 25 grados; en Cali, no existe un acta de inspección vigilancia y control al ser descentralizada del distrito capital y algunos otros casos importantes que hemos denunciado”, explicó.

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Recalcó que el Ministerio de Salud ya se pronunció en torno al tema y rechazó estos controles irregulares. “El Ministerio de Salud se pronunció y afirmó que en el caso de Bogotá no tienen que estar exigiendo estos temas, mientras que el Invima apuntó que están investigando estos casos denunciados al ser completamente irregulares”, sostuvo.

Subrayó que en Bogotá se podrían ver afectadas más de 1.000 droguerías que podrían ser sancionadas y cerradas. “En Bogotá estamos hablando que más del 50% de las droguerías podrían verse afectadas algo así como más de mil droguerías que pueden ser sancionadas en este momento si la Secretaría de Salud, distrital por ejemplo, sigue tercamente pretendiendo hacer exigencias de algo que no está ni vigente ni aprobado por el Invima”, recalcó.

Dijo que dentro de los efectos de estas normatividades en las regiones se podrían ver afectados muchos trabajadores que tendrían que ser despedidos de sus trabajos.

“Uno de los efectos graves es tener que despedir a todos los domiciliarios que estén contratados directa o indirectamente en las droguerías y farmacias en Bogotá y no tener contratos con las plataformas que prestan estos servicios que se suman al cierre de las droguerías porque entre más exigencias, que no tienen lógica frente a la parte sanitaria y de seguridad de salud pública van a tener que cerrar las droguerías en el país”, añadió.

Indicó que la petición es al Gobierno Nacional para que con el Ministerio de Salud, de forma conjunta, se pueda crear un acta de vigilancia y control unificada a nivel nacional que genere seguridad jurídica y técnica en las labores que realicen los inspectores de vigilancia y control.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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