De acuerdo con Transparencia por Colombia, conocido por RCN Radio, entre 2010 y 2016 se identificaron 187 hechos de corrupción comprobados en los 17 departamentos, que acogen 69 municipios de paz (27 zonas veredales y 58 municipios de consolidación).

Según la organización, siete departamentos reúnen el 63% de los hechos de corrupción: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar. Nariño, La Guajira y Valle del Cauca son los que mayores hechos de corrupción presentan (30%) seguidos por Antioquia y Chocó (18%).

A esto se suma que los municipios como Tumaco, El Bagre, Nechí, San José de Guaviare y Arauca concentran el 20% de los hechos de corrupción de los territorios de paz.

Se revela además que el 45% de los hechos de corrupción registrados vulneraron derechos fundamentales asociados a la educación, salud e infraestructura. En este orden, educación se encuentra en el primer lugar 19%, salud registra un 14% e infraestructura un 12%.

Se destaca que el 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores económicos como infraestructura, industria y comercio, innovación y tecnología, sector minero energético, transporte, turismo, agricultura y desarrollo rural.

"Preocupa que en estos sectores no sólo se evidencia un desvío significativo de estos recursos a fines personales, sino que también atenta contra los derechos fundamentales de las personas que habitan estos territorios" señala el informe.

El análisis señala cuál es el tipo de corrupción que hay en los territorios de paz, en este sentido evidencia que el 80% de la corrupción en territorios de paz se encuentra tipificada como corrupción administrativa, seguida por corrupción política (11%), captura del Estado (4%), corrupción privada (4%) y otros (1%).

Transparencia Colombia asegura que los hechos de corrupción administrativa involucran en mayor proporción a Gobernaciones y Alcaldías, es decir, que el 20 % de hechos de corrupción política se refiere a delitos vinculados al fraude electoral, intervención indebida en política, campañas políticas financiadas por grupos armados ilegales, compra de votos entre otros.

Respecto a los actores involucrados en estos actos de corrupción en los territorios de paz sobresale que el 47% de los hechos fueron cometidos por servidores públicos, adscritos temporalmente o a largo plazo a instituciones que reciben y administran recursos públicos.

También, el 20% corresponde a autoridades de elección popular tales como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas. De estas autoridades, las más implicadas son alcaldes (45%) y gobernadores (35%). Solo el 3,5% son representantes de órganos de control.

Los datos revela que las alcaldías de El Bagre, Carmen de Bolívar, Nechí y Riosucio se registran hechos de corrupción por parte de alcaldes durante dos periodos consecutivos (2008-2015). Las gobernaciones de Caquetá, Cesar y La Guajira registran el mayor número de hechos de corrupción cometidos por personas naturales (48%).

Frente al dinero que está en juego por la corrupción, la organización advierte que 60% de los hechos de corrupción compromete más de 1.000 millones de pesos, "demostrando que nos enfrentamos a lo que se ha denominado corrupción a gran escala".

Los departamentos que registran el mayor número de hechos de corrupción por más de 1.000 millones de pesos son: La Guajira (26.67%), Antioquia (24.44%), Chocó (24.44%) y Valle del Cauca (24.44%).

No obstante se alerta que las sanciones tienen quienes cometen estos hechos no son suficientes, pues el 52% de las autoridades electas involucradas en hechos de corrupción tienen algún tipo de sanción judicial, mientras que 29,5% de los funcionarios públicos involucrados en corrupción han sido condenados penalmente, sancionados disciplinariamente o declarados responsables fiscales en los territorios de paz. Esto quiere decir que el promedio de la pena impuesta a los actores condenados por hechos de corrupción oscila entre 6 y 10 años de prisión (26,92%).

"Para los actores individuales condenados penalmente por hechos de corrupción en territorios de paz, el tiempo promedio entre el año inicial del hecho y la sanción es de 8 años, mientras que para los actores individuales sancionados disciplinariamente es de alrededor de 4 años" se precisa.

Transparencia Colombia recuerda que, entre 2013 y 2015, diferentes organizaciones sin ánimo de lucro cometieron irregularidades en 15 municipios del departamento de la Guajira con los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar -PAE- y a paquetes nutricionales de niños de 0 a 5 años y madres lactantes. "Estas irregularidades se dieron por sobrecostos en el valor de las raciones y también por la mala calidad en la alimentación que brindaron los operadores contratados" sostiene.