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El fenómeno del desplazamiento, otro tema para afrontar por el Gobierno
Fenómeno del desplazamiento forzado.
Foto de Colprensa (Referencia)

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) identificó que entre los meses de enero y abril de este año, 26.150 personas quedaron atrapadas en medio del confinamiento forzado, que se registró en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

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También se evidenció que este tipo de violencia se incrementó en un 139% en referencia con el mismo periodo del año 2020 sin contar las 35.344 víctimas del confinamiento generado por las acciones armadas registradas en febrero de 2020 en el Catatumbo (Norte de Santander).  

Entre tanto, durante los primeros cuatro meses del año se documentó un incremento del 33% en el desplazamiento forzado, es decir se han registrado 13 casos en comparación a los hechos registrados en el 2020. 

“Así mismo, el número de víctimas ha aumentado en un 59% (7.427 más desplazados que en 2020). Hasta el momento sólo el 22% de las víctimas de desplazamiento de 2021 han regresado a sus hogares, mientras que 15.505 (78%) se mantienen en situación de desplazamiento ante la imposibilidad de tener un retorno seguro”, advierte el informe de la entidad. 

 La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) también documentó que se ha restringido el acceso de ayuda humanitaria a través de retenes ilegales y robo de equipos,  entre otras vulneraciones que se han registrado durante los primeros cuatro meses del año en el país. 

“Preocupa que en 2021 los eventos relacionados con restricciones al acceso de organizaciones humanitarias, han aumentado en un 5% y se ha extendido a territorios en los que en 2020 no se habían reportado (Cauca y Nariño). La recurrencia de bloqueos en las vías, retenes ilegales, robo de equipos y vehículos con identificación de organizaciones humanitarias representa un riesgo para el personal y constituye una infracción directa al DIH”, señaló la ONU. 

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Tan solo durante lo que va corrido de este año, 57 personas han resultado víctimas de minas antipersonal y de municiones sin explotar en Colombia. 

En los departamentos de Norte de Santander se han registrado 16 víctimas y en Nariño van 12 afectados, siendo las regiones con el mayor número de víctimas. 

Esa entidad adscrita a la ONU alertó que el 59% de las víctimas son civiles y el 22% son niños menores de 18 años.

“Muchos de los eventos por MAP se registran en zonas aledañas a cultivos de uso ilícito y territorios clave para la circulación de economías ilícitas, sobre todo en zonas fronterizas”, establece el informe. 

También destacaron que “el aumento en los ataques contra la infraestructura civil, especialmente contra oleoductos e infraestructura de telecomunicaciones afectan directamente el acceso a servicios (como el gas natural) a la población civil de comunidades aledañas”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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