La Fiscalía General dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra de los generales en retiro de la Policía Nacional, Argemiro Serna Arias y Óscar Eduardo Peláez Carmona en el marco de la investigación que se adelanta por el asesinato del candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento, el concejal Julio César Pedroza y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, en hechos registrados el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

Los oficiales son investigados por presuntamente haber tenido participación y conocimiento en el plan para atentar contra el líder del Nuevo Liberalismo y desviar la investigación por este crimen. El general Serna Arias, quien para la época de los hechos fungía como subcomandante de la Policía de Cundinamarca, es investigado por no haber tomado las medidas necesarias para proteger al candidato presidencial, pese a las amenazas que Galán enfrentaba por parte del Cartel de Medellín.

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El ente investigador señala que el oficial en retiro "tuvo conocimiento de la realización de la manifestación política" de Galán Sarmiento en uno de los eventos de cierre de su campaña presidencial. "Tenía facultades para disponer de personal y medios logísticos para el cumplimiento de dicha tarea, pero según las pruebas recaudadas, ese día se dispuso de un servicio en el que habrían participado tan sólo aproximadamente 14 patrulleros; cantidad insuficiente de policías dada que el candidato ya había sufrido un atentado y era considerado el hombre más amenazado del país".

Tras revisar los elementos materiales probatorios, la Fiscalía General consideró que en los informes de la época se aseguraba que para la manifestación política se habían tomado las medidas necesarias para proteger su vida e integridad. Sin embargo, dicha información distaba mucho de la realidad puesto que existen evidencias que no se realizaron las medidas necesarias para salvaguardar al líder político.

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"Los policías designados para la seguridad de la concentración política no pertenecían al grupo de contraguerrilla ubicado en Soacha que, ese día (18 de agosto de 1989), deliberadamente fue desplazado fuera del municipio, a pesar de que su presencia era importante para custodiar la plaza central de Soacha y sus alrededores", precisa uno de los apartes de la decisión.

Por estos hechos, el general en retiro es investigado por su presunta participación a título de autor en modalidad de comisión por omisión. 

Desviación de la investigación


El ente igualmente investiga al general Óscar Eduardo Peláez Carmona por presuntamente adelantar una serie de acciones destinadas a desviar las indagaciones por el crimen del candidato presidencial. En los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia en contra del exdirector del DAS, general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez y el juzgado primero especializado de Cundinamarca contra el coronel (r) Miguel González se hizo evidencia al plan para evitar que los verdaderos responsables del asesinato fueran identificados.

El exdirector de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) es señalado de haber creado y modificado pruebas para vincular a personas que nada tuvieron que ver con el plan criminal y la ejecución del atentado. Esto con el único fin de demostrar resultados ante la opinión pública, con el único fin de desviar la atención frente a los verdaderos responsables.

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Los dos generales en retiro tendrán prohibido abandonar el país. Igualmente, tendrá que presentarse a las citaciones de la Fiscalía General. Igualmente, deberán pagar una póliza de garantía estipulada en 40 salarios mínimos legales vigentes y demostrar una buena conducta individual y social.

La Fiscalía General archivó la investigación que se adelantaba en contra del coronel (r) Gentil Vidal Sarria, tras determinar que no tuvo participación alguna en los hechos que rodearon el plan para atentar contra el líder presidencial.