Durante esta semana, la Contraloría y la Procuraduría revelaron dos nuevos presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido durante el año y medio de gobierno del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. La primera irregularidad revelada fue el desvío de más de 3 mil 584 millones de pesos que debían invertirse en la atención en salud de la población pobre y fueron dados a 3 contratistas para que pagaran sus impuestos.

Esta situación afectó los recursos del sistema general de protección social, según la Contraloría.

Dos días después de hacerse público estos hallazgos, La Procuraduría dio a conocer que abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde Duque por las irregularidades que se dieron en la contratación del Programa de Alimentación Escolar PAE.

Según el ministerio público, durante ese gobierno se declaró la urgencia manifiesta para contratar raciones para 83.974 estudiantes. Esta figura jurídica habría sido usada para firmar un contrato de manera directa con la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Colombiano, REDCOM, por valores cercanos a los 8 mil 427 millones de pesos. Estos hechos ocurrieron en febrero del 2016.

Al respecto, el abogado Juan Carlos Cabarcas defensor del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, había manifestado que la urgencia manifiesta fue decretada con acompañamiento de la misma procuraduría.


"Aquí el problema es que se ha querido satanizar que la señora contralora Nubia Fontalvo emitió un concepto de legalidad sobre el tema de la urgencia manifiesta. Cosa que ha ocurrido en las 12 o 13 latitudes de Colombia donde se decretaron urgencias manifiestas por este tema y no ha pasado absolutamente esa irritación... Hay que tener en cuenta que la evaluación de la legalidad de la urgencia manifiesta del tema PAE en el 2016, se hizo con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y fue porque se convocó por parte del señor alcalde Manuel Vicente Duque", señaló el abogado.



La defensa del exclame dio a conocer que se encuentran dispuestos a responder a todos los requerimientos de los organismos de control y aseguraron que estarán a la espera de los pronunciamientos de los entes de control.



Según la Contraloría son más 152 procesos disciplinarios que el ente de control ha aperturado en lo que va del 2017 contra el exalcalde, de los cuales 104 corresponden a indagaciones preliminares.