El Ministerio de Justicia destacó la normativa de ordenamiento jurídico adelantada por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional durante el año 2016. La Corte Constitucional profirió 181 sentencias en procesos de constitucionalidad, de las cuales el 62% correspondieron a decisiones que no afectaron el ordenamiento jurídico. Pero el 38% estuvieron relacionadas con decisiones de inexequibilidad y exequibilidad condicionada, lo que equivale a modificaciones totales o parciales de la normativa en materia laboral y penal. Por su parte el Consejo de Estado, adelantó procesos de nulidad y de nulidad por inconstitucionalidad contra actos del orden nacional expedidos por el Gobierno. Se encontró que de las 27 decisiones proferidas en el 89% de los casos, corresponde a procesos iniciados en promedio cinco años atrás, lo que indica que el trámite de los mismos se ha agilizado en los últimos años. El mayor porcentaje de las decisiones (55,5%) están relacionadas con sentencias en las que se denegaron las pretensiones de nulidad, mientras que solo en el 14,8% se declaró la nulidad de una norma. El resto, equivalente al 29,7% que corresponde a declaraciones de cosa juzgada, inhibición y validez condicionada. En conclusión, los anteriores resultados podrían reflejar que si bien los actos de carácter general expedidos por el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades ordinarias y reglamentarias, se encuentran sujetos al Estado de Derecho.