Ministro de Minas, Germán Arce / Foto Colprensa - Juan Páez

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, rechazó la toma de las instalaciones de la planta de gas de Gibraltar por parte de las comunidades indígenas u'wa.

Arce explicó que el Gobierno ha trabajado en el cumplimiento de los compromisos acordados con la comunidad u'wa, los cuales fueron adoptados por los ministerios del interior, de Ambiente, de Minas y Energía, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales Naturales, Ecopetrol y la Defensoría del Pueblo.

"Nos comprometimos a realizar un estudio técnico de impacto ambiental y social con la entidad escogida por la Nación u’wa", afirmó el ministro y dijo que las demás entidades del gobierno han venido trabajando en los demás compromisos "por lo que es inexplicable la decisión de tomar a la fuerza la planta de Gibraltar y la retención de los trabajadores de Ecopetrol".

El pasado 30 de junio en las instalaciones de Asou'wa en Cubará, se llevó a cabo una reunión entre el gobierno y los u'wa para la revisión de los compromisos del 1 de mayo de 2014, en el que "se reafirmó la voluntad de cumplir acuerdos, para lo cual se elaboró conjuntamente una lista de actividades, las cuales se han venido cumpliendo".

Sobre esto, Vladimir Moreno, indígena de la comunidad u'wa, indicó en RCN Radio que desde esa fecha hasta el momento no han tenido ningún contacto con el Gobierno nacional, razón por la cual decidieron cerrar la planta de Gibraltar.

No obstante, el ministro insiste que "el diálogo es la mejor forma para solucionar las discusiones. Rechazamos el uso de vías de hecho, que atenten contra la seguridad de los trabajadores de Ecopetrol, la misma comunidad U´wa y que perjudiquen el abastecimiento de gas a las familias del oriente del país".

Esta planta surte de gas a más de 500 mil familias de Bucaramanga y municipios de Norte de Santander, Santander y Antioquia, que ya están afectadas según advirtió el presidente de Naturgas, Eduardo Pizano.

La toma a la planta se realizó por parte de cerca de 300 personas de las comunidades indígenas, tras más de 50 días de un conflicto entre las partes y luego de que esta población denunciara incumplimientos por parte del Gobierno a sus exigencias, entre ellas la devolución de territorios que ellos califican como ancestrales.