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Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE)
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) / Colprensa

Desde que comenzó el período preelectoral el pasado 27 de octubre de 2018 hasta el primero de febrero de 2019, la Misión de Observación Electroral (MOE) registró 30 agresiones contra líderes políticos y servidores públicos.

Las cinco regiones más afectadas por hechos de violencia política son Cauca y Bogotá, con seis hechos cada uno; le siguen Cesar, con tres hechos, y finalmente Valle del Cauca y Putumayo, con dos cada uno, sostiene la entidad.

Asegura que de las 30 agresiones registradas, seis hechos han sido dirigidos contra precandidatos a alcaldías, la mayoría de ellos con filiación política conocida.

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"Estos corresponden a dos candidatos del Partido Alianza Verde, uno de Cambio Radical, uno independiente y tres sin partido identificado", afirma el reporte que da cuenta de los dos precandidatos asesinados en menos de 72 horas.

"El primero de ellos fue el precandidato a la Alcaldía de Cerrito-Valle del Cauca, Silvio Montaño Arango el pasado 29 de enero. El segundo, Jorge Herney Castrillón, precandidato a la alcaldía de San José Uré -Córdoba, el 30 de enero", sostiene la MOE.

Agresiones contra líderes políticos y servidores públicos.
MOE.

Además, la MOE llama la atención sobre las amenazas que se han venido intensificando contra candidatos y funcionarios electos.

La primera ocurrió el pasado 20 de enero contra dos diputados de Putumayo, la señora Yuri Quintero de la Alianza Verde y Euler Guerrero del Polo Democrático Alternativo.

La segunda en Bogotá, dirigida contra dos precandidatos del Partido Verde a la Alcaldía, Claudia López y Antonio Navarro Wolf; y cuatro congresistas: los excandidatos a la presidencia y vicepresidencia de Colombia Humana, Ángela María Robledo y Gustavo Petro, respectivamente; el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda y el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.

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"Estas amenazas provienen de una misma fuente a la que oficialmente no se le reconoce estructura militar, pero que de manera clara es un instrumento de intimidación política contra líderes nacionales y locales que pertenecen a partidos y organizaciones que se han declarado abiertamente en oposición", argumenta el organismo. 

Finalmente, la MOE hace un llamado al Gobierno Nacional para que convoque, con carácter de urgencia una Comisión con presencia de colectividades, "ya con la presencia de las colectividades políticas, de tal manera que la MOE presente a todos los actores involucrados el diagnóstico y una serie de recomendaciones para hacer frente a los hechos de violencia que tienden a intensificarse a medida que avanza el proceso electoral".

Fuente

Sistema Integrado de Información

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