Molestia de magistrados de la Corte por inasistencia de la Policía a reunión tras amenazas

En la reunión entre la Sala Plena de la Corte Constitucional y el fiscal general, Francisco Barbosa, por las amenazas a magistrados, tras la despenalización del aborto, también iba a asistir el coronel Jhon Harvey Alzate, director de Protección y Servicios especiales, funcionario de la Policía Nacional, pero el alto oficial no asistió por atender otro compromiso.

Eso generó molestias en algunos magistrados de la alta corte, porque esperaban comentarle al general sus preocupaciones sobre sus esquemas de seguridad, tras la amenaza que los declara como objetivo militar presuntamente por las 'Águilas Negras'.

Por eso, algunos magistrados ya evalúan solicitan proponerle a la Sala Plena pedir una nueva reunión o encuentro con el general, en la que pedirán reevaluar su esquema de seguridad tras las amenazas.

La preocupación es tan mayor que algunos magistrados han recordado los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, que iniciaron con amenazas.

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“Por esta época de meses de febrero y marzo comenzaron las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema y se hicieron lastimosamente realidad, el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando la organización criminal no solamente atacó a la Corte sino que asesinaron a la mitad de magistrados”, dijo el magistrado Jorge Ibáñez, que hace parte de la Corte Constitucional.

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación ya abrió investigaciones, ha emitido más de 10 órdenes de Policía Judicial y en la Dijín se analizan las huellas del documento que llegó a la Corte con la amenaza.

Aunque el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho que el panfleto es falso, algunos magistrados aseguran que, aunque pudiera ser falso existe la amenaza de por medio.

Las investigaciones de la Fiscalía se extienden al uso de fotografías de los magistrados y los mensajes en su contra en vallas políticas, como la del candidato al senado por el Partido Conservador, Alberto Alfonso.

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En un comunicado conjunto, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, rechazaron las amenazas y exigieron respetar las decisiones de los jueces.

“Frente a los diversos ataques dirigidos contra el sistema democrático judicial en las últimas semanas, materializados en hostigamientos personales contra magistrados que emitieron la sentencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo como delito, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial instan a las fuerzas de seguridad del Estado a reforzar la protección de los magistrados de la Corte Constitucional y a garantizar su vida e integridad personal”, se indica en el comunicado.