Muertes de líderes sociales: ONU registra más de 100 casos por año, tras firma de la paz
Las declaraciones se dieron en medio de una audiencia pública ante la Corte Constitucional.
Al menos 100 homicidios anuales de líderes y defensores de Derechos Humanos se han venido registrando en el país después de la firma del Acuerdo de Paz, con la extinta guerrilla de las Farc.
Así lo señala un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Colombia, que está en manos de la Corte Constitucional.
Ese informe alerta que en el 2016, año en el que se firmó la Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, se registraron 61 homicidios de lideres y defensores de Derechos Humanos, mientras que en el 2017 esa cifra aumentó a 84 y en el 2018 ya rodeaba los 115 homicidios.
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La representante de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, advirtió que en los últimos 10 años se han registrado 867 homicidios de lideres y defensores de derechos humanos en el país.
“Los ataques se dan para debilitar la capacidad organizativa y de resistencia de las comunidades, sobre todo frente a actores armados que quieren controlar sus territorios. En muchos casos los homicidios van dirigidos a las autoridades tradicionales, guías espirituales y miembros de comunidades indígenas”, dijo.
En declaraciones ante la Corte Constitucional se dieron en medio de la audiencia publica para evaluar la amenaza a lideres sociales.
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Allí, Riveros advirtió que de los 562 homicidios registrados desde la firma del Acuerdo de Paz, 64 víctimas son mujeres, además de 61 indígenas de los cuales 13 fueron mujeres y 7 miembros de la comunidad LGTB.
La diplomática expresó que la defensa del territorio y el medio ambiente son los ámbitos en los que más personas han sido asesinadas desde el 2016 en regiones como Pacifico, Valle, Norte de Santander, la zona de frontera con Ecuador, Nariño y Putumayo, donde hay alta presencia de grupos armados ilegales.
Entre las recomendaciones de la ONU para superar esa crisis, se menciona que es necesario reforzar la presencia del Estado en esas regiones, al igual que crear una política publica para legitimar la labor de la defensa de los Derechos Humanos e implementar el Acuerdo de Paz en su totalidad.
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