Mujeres insisten: el aborto debe ser excluido del Código Penal

Desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres hicieron un llamado para que la práctica del aborto sea excluida del Código Penal, y que por ende, las mujeres no sigan siendo judicializadas, aun cuando están amparadas por la Corte Constitucional.

Desde 2006 la Corte Constitucional fijó al aborto como un derecho, siempre y cuando la vida o salud física o mental de la mujer estén en riesgo; el feto presente malformaciones; el embarazo sea producto de una violación, inseminación artificial no consentida o incesto.

Por lo tanto, para la Mesa, el aborto como delito en el Código Penal es una barrera de acceso a la autonomía plena de las mujeres, y profundiza la discriminación y desigualdad.

Además, recalcan la importancia de un trabajo con la opinión pública donde se reconozca al aborto como un derecho que tienen las mujeres.

En cuanto a la judicialización de mujeres en los últimos 15 años por adelantarse dicho procedimiento, Juliana Martínez Londoño, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, manifestó que la cifras no son muy claras.

"Según datos de la Fiscalía, que además no son muy claros, hay alrededor de 2.900 mujeres - de acuerdo con la información suministrada por una de sus dependencias- y en otras se habla de más de 5.000", dijo Martínez en entrevista con RCN Radio. 

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Por lo tanto, agregó que el aborto en el Código Penal pone en riesgo la vida y salud de las mujeres, dado que acuden a sitios clandestinos sin considerar las condiciones que se requieren para un procedimiento de este tipo. 

"Hemos visto casos donde las mujeres, incluso menores de edad, cuentan con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional y sin embargo se inician procesos de judicialización que afectan también su dignidad e intimidad; ahí por ejemplo hay violación del secreto profesional, amenazas o juzgamientos", agregó la coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. 

Cabe recordar que en octubre próximo se vence el plazo que le dio la Corte Constitucional al Gobierno para que regule la práctica del aborto en el país, en los tres casos despenalizados por este alto tribunal.

La Corte emitió la sentencia en la que mantuvo las condiciones que existen en Colombia desde hace trece años para poder acceder a la práctica del aborto, dándole la razón en su momento a organizaciones de mujeres que pedían no poner límites al procedimiento.

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Por lo tanto, Ana María Méndez, abogada de incidencia de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, señaló que la imposición de barreras es "una violencia contra ellas, una discriminación y la negación de un servicio. El llamado es a que las EPS, clínicas y hospitales no sigan interponiendo barreras a las mujeres para acceder a este derecho".