Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez // Foto: Colprensa

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, advirtió que no se va a conciliar con los 10 implicados en casos de corrupción como el Cartel de la Toga, el carrusel de contratos en Bogotá, el desfalco a Saludccoop y la defraudación a Interbolsa que tienen demandado a la Nación con cifras multimillonarias. (Lea también: Top 10 de los implicados en corrupción con más demandas contra el Estado) "Actualmente la Fiscalía tiene cerca de 15 mil procesos por 17 billones de pesos, entonces, no solamente esta gente ha actuado en casos de corrupción, ha indignado al pueblo colombiano, le ha extraído los recursos sino que además pretende demandar nuevamente para seguir con esta extracción por lo menos inmoral de plata de todos los colombianos", dijo Vélez en entrevista con RCN Radio. Asimismo afirmó que "no hay ninguna posibilidad de conciliar en estos casos y lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego, porque son reglas injustas que como le digo son cargadas en contra del Estado. Hay que motivar cambios jurisprudenciales". Dentro de los protagonistas de estas demandas aparecen el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, hoy mencionado en el cartel de la toga; el expresidente de Saludcoop, Carlos Palacino, sindicado de apropiarse de más de 300 milllones de pesos de la salud; la exdirectora del IDU, Liliana Pardo; procesada por el carrusel de los contratos; Alessandro Corredori, cerebro de la defraudación a Interbolsa y el exgobernador de la Guajira, Juan Francisco 'Kiko' Gómez, condenado por homicidio. "Es absolutamente indignante que esta gente involucrada en toda clase de delitos de desfalcos que van desde peculados, hoimicidios, extorsiones (...) ahora nos demanden a todos los colombianos (...) Tienen las agallas de demandar al Estado para seguir abultado sus bolsillos", dijo el funcionario. Según Vélez, las causas más frecuentes bajo las cuales se están instaurando este tipo de demandas son privaciones injustas de la libertad. "Las causas son diferentes, privaciones injustas de la libertad es una de ellas, tal vez una de las más grotescas en su alcance pero también tenemos la responsabilidad estatal de diferente naturaleza, en donde se intenta un caso de falla del servicio por una supuesta negligencia estatal o un abuso del Estado". Agregó que que se requiere un cambio en la actual jurisprudencia y las normas que están facilitando que esta 'industria de abogados' se siga enriqueciendo a costa de los recursos que deberían ir destinados para otros fines como la educación y la salud.