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No hubo preacuerdo con abogado acusado del desfalco de los juegos nacionales

No se concretó el preacuerdo entre la Fiscalía y el indiciado Orlando Arciniegas en Ibagué. Foto: RCN Radio

Aplazada la audiencia de verificación de legalidad del preacuerdo entre la Fiscalía y el ex asesor de la alcaldía, Orlando Arciniegas.

Samuel Duarte apoderado del polémico abogado radicó un memorial solicitando ante el juzgado primero penal del circuito especializado que se suspendiera la diligencia judicial porque la persona encargada de entregar el 50 por ciento de los recursos defraudados por los estudios y diseños de los escenarios deportivos de los juegos nacionales, habría sentido temor de realizar la transacción por las implicaciones jurídicas que le podría acarrear además, de contar con las condiciones de seguridad.

El juez primero penal del circuito especializado en la intervención se mostró molesto por la petición que hiciera el abogado del indiciado a menos de 6 horas de inicial la diligencia judicial en la que se socializaría el preacuerdo por 750 millones de pesos que supuestamente representaría el 50 por ciento de lo que supuestamente se apropió Arciniegas además, de alrededor de 10 años de cárcel.

[imagewp:237162] La audiencia virtual no se realizó por las deficiencias en conexión a internet. Foto: RCN Radio

Dificultades en la conexión de internet impidió que se realizará la audiencia que debió reprogramarse inicialmente para el 28 de julio y posteriormente se determinó que el martes 16 de agosto a partir de las 9:30 de la mañana se adelantará la próxima audiencia de verificación de la legalidad del compromiso al que llegaron el ente fiscalizador y el acusado.

No obstante, el juez aseguró que de registrarse nuevos inconvenientes ordenará que Orlando Arciniegas comparezca por acercamiento procesal y que manera obligatoria tendrá que ser trasladado a Ibagué.

Otro de los inconvenientes que se presentó fue el documento radicado por el abogado Fernando Larganza Torres, apoderado de Gloria Martínez Ocampo vinculada al proceso por considerarse que sería supuestamente la testaferra de Arciniegas.

Larganza solicitaba que su representada fuera declarada como víctima del ex asesor, petición que de inmediato la fiscal 22 especializada rechazó por considerar que Martínez Ocampo tenía aparentemente pleno conocimiento de lo que estaba haciendo al momento de ofrecer sus servicios a Arciniegas.