El Congreso de la República promulgó el acto legislativo que establece la doble instancia para el juzgamiento penal de congresistas y otros aforados constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. La norma establece la creación de una sala nueva en el interior de dicho alto tribunal, la cual se encargará de conocer en primera instancia los procesos, dejando a la Sala Penal con la responsabilidad de conocerlos en segunda instancia. La entrada en vigencia de esta reforma constitucional abrió un gran debate en el país por cuenta de que con ella se permitiría la revisión de las sentencias ya emitidas contra varios excongresistas por casos de "parapolítica", hechos de corrupción y otros delitos. Uno de los pilares del derecho penal es el principio de favorabilidad, que establece que si una norma nueva es más favorable que la que fue aplicada en el momento a algún procesado, esta también lo cobija. De hecho, varios dirigentes políticos que fueron hallados culpables de nexos con grupos ilegales, se movieron mucho a través de sus abogados en el plano internacional advirtiendo que se les estaba violando su derecho a la doble instancia. Esta reforma ya promulgada también tendrá efectos en actuales casos de corrupción como el de Odebrecht y el cartel de la toga. Senadores como Musa Besaile, Bernardo ‘Ñoño’ Elías, entre muchos otros, tendrían derecho a ser juzgados en una segunda instancia, si son hallados culpables en la primera. Se prevé que a la Corte Suprema de Justicia llegue un amplio número de solicitudes de exfuncionarios y excongresistas exigiendo el cumplimiento del derecho que adquieren para que su proceso sea revisado en una instancia superior.