El fiscal General, Néstor Humberto Martínez se declaró en desacuerdo por la condena de cinco años y dos meses de prisión impuesta al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, por su responsablidad y participación en el manejo de los 6,5 millones de dólares enviados por Odebrecht en el 2009 para garantizar la entrega del contrato de la Ruta del Sol II.

“Yo comparto el descontento  de la opinión pública. Dese hace varios meses lo he venido diciendo este sistema de penas y de beneficios constituyen al final un remedo de justicia”, aseguró el jefe del ente investigador al hacer referencia al beneficio que recibió García Morales tras la firma de un preacuerdo.

Para Martínez, este tipo de sentencias y beneficios por colaboración que se están concediendo en la actualidad no se va a poder doblegar y enfrentar los casos de corrupción que se presentan en el país.

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“Soy enemigo de subir las penas, pero si vamos a buscar que la sociedad le gane al flagelo de la corrupción nos va a tocar meterle el diente”, indicó el jefe del ente investigador.

De acuerdo con el Fiscal General, el problema en este caso es que en acorde a la ley colombiana, en este caso por el simple hecho de allanarse a los cargos  en la audiencia de imputación el exviceministro García recibió una rebaja del 50 por ciento en la condena que se le impuso.

“No puede haber beneficios de esta naturaleza frente a casos que son oprobiosos de corrupción como los que ha venido siguiendo la sociedad colombiana”, agregó.

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García Morales fue sentenciado después de firmar un preacuerdo con la Fiscalía General por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio. En la negociación judicial se comprometió a colaborar con las autoridades en las investigaciones y procesos penales por este caso de corrupción.

El entonces Viceministro de Transporte -según la investigación- fue designado por Luiz Antonio Bueno, presidente de Odebrecht en Colombia, para direccionar la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II en el proceso licitatorio convocado por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco).

Fue el encargado de contactar a un grupo de empresarios y particulares para el ingreso de los 6,5 millones de dólares sin levantar dudas en las autoridades colombianas. Posteriormente, buscó a las personas encargadas del proceso licitatorio para modificar el pliego de condiciones y así favorecer las pretensiones de Odebrecht.

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En este sentido se advierte que el exviceministro movió sus influencias y aprovechó su conocimiento en licitaciones para que Odebrecht fuera el único consorcio que cumpliera con los requisitos exigidos. Sus asesorías fueron de vital ayuda para que la trasnacional resultara ganadora.

En el fallo se fijó una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 6 años, así como el pago al pago de 70 millones de pesos como multa por los daños causados con su conducta ilegal.

García Morales firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía General por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El exviceministro se comprometió a entregar información y ser testigo de este caso.