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El Consejero Mayor de la Organización Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, denunció incumplimientos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, a la comunidad indígena en el proceso de censo que el organismo adelanta en este 2018 y que catalogo como un posible exterminio estadístico.

Según Luis Fernando Arias, el Dane incumplió con los acuerdos a los que se llegó con las comunidades indígenas frente al censo y aseguró que se desconoce en dicho proceso el ámbito social, cultural, espiritual y organizativo de los pueblos.

“Después de 2 años de trabajo entre la ONIC y el Dane, la entidad de estadística no ha generado una estrategia de pedagogía en las comunidades frente al censo, aplicación del enfoque diferencial en los parámetros definidos para la asignación de censistas y supervisores, desconociendo aspectos territoriales culturales, lingüísticos y de desplazamiento”.

Dentro de los temas críticos del incumplimiento que denuncia la organización indígena, el Consejero Mayor de la Onic indicó que el Dane se había comprometido a que la contratación de censistas y supervisores de dicho proceso para sus comunidades se haría con miembros indígenas y también el tema del transporte de dichas personas.

“Acordamos con el DANE la contratación de los censistas y supervisores indígenas a través de las organizaciones indígenas así como los transportes de todo ese personal, nosotros en el caso de la ONIC, acordamos un total de 1.937 censistas y supervisores, a finales del año pasado el DANE nos envío una comunicación donde nos dijeron que solo podríamos contratar 217 los otros 1700 ya estaban adjudicados a operadores privados”.

Además, Arias indicó que no les ha sido entregado el formato que se usará para el censo a las comunidades, esto con el fin de conocerlo y en muchos casos traducirlo a la lengua indígena, y poder saber si realmente serán tenidos en cuenta los aspectos que fueron acordados entre el DANE y la ONIC.

Ante la situación la Organización Indígena de Colombia, exigió al gobierno y al DANE cumplir con los compromisos pactados y socializados durante largo tiempo con las comunidades. Pidieron a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo ejercer sus funciones para que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas.