Foto: Colprensa - Francisco Calderón

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó este miércoles que está muy preocupada “por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos”. Además, la ONU calificó como irrespetuoso que el Congreso de la República haya impedido la posesión de magistrados de la JEP y peligroso que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, justifique los asesinatos.

Muertes de líderes sociales en Colombia son por faldas o peleas: MinDefensa

En un comunicado, la ONU señala que según su trabajo en terreno, ha verificado este 2017, hasta hoy 20 de diciembre, que se han registrado 105 homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales. “73 asesinatos contra líderes y líderesas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además, la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación”. (Lea aquí: Defensoría pidió al Gobierno más atención a amenazas contra líderes sociales) De igual modo, la ONU recuerda que recientemente, “miembros del Congreso de la República descalificaron a los y las defensoras que fueron escogidos como magistrados de la Justicia Especial para la Paz, JEP, impidiéndoles posesionarse de sus cargos por el hecho de haber representado víctimas en el pasado, lo que muestra el irrespeto a su labor y profundo desconocimiento de lo que significan las reglas del Estado de Derecho ”. Asi mismo, el Representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia rechaza, sin mencionar el nombre, las declaraciones del Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas. “Otros altos funcionarios públicos han declarado recientemente a los medios que los asesinatos de defensores y líderes sociales en el país son debidos a líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícitas. Esto es muy peligroso ya que parece querer justificar asesinatos que en ningún caso son justificables”. La ONU también advierte que para combatir esta peligrosa práctica,  es necesario que los funcionarios públicos acaten la Directiva 002 de la Procuraduría General de la Nación del 14 de junio de 2017. Este organismo internacional agrega que los asesinatos de líderes y defensores han ocurrido en zonas de las cuales salieron las Farc, “y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos”. La Oficina de ONU Derechos Humanos reitera que “ser defensor o defensora de derechos humanos es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible”. Finalmente, señala que la prevención de los ataques y agresiones en contra de los defensores de derechos humanos “implica la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; al igual que el país avance de manera decidida en la inclusión política, económica y social de los defensores y las comunidades y pobladores de estos territorios, promoviendo un enfoque integral de intervención, con respeto de todos los derechos”.