ONU preocupada por violencia contra líderes y excombatientes en Colombia

La Misión de Verificación de Naciones Unidas entregó al Consejo de Seguridad de la ONU un nuevo reporte trimestral sobre la implementación de la paz en Colombia, en el que recuerda que desde la firma del acuerdo con las extintas Farc, han sido asesinados 252 excombatientes y 378 líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, indicó que "la violencia contra excombatientes, líderes y lideresas sociales, defensores(as) de derechos humanos y comunidades sigue siendo la amenaza más seria a la construcción de la paz en Colombia". 

Hizo un llamado para "garantizar que las medidas de seguridad tomadas por las autoridades se traduzcan en resultados efectivos en los territorios". 

Massieu recordó el asesinato el pasado 11 de enero del defensor del medio ambiente Gonzalo Cardona, e indicó que su muerte "pone de manifiesto el peligro al que se enfrentan los líderes y lideresas medioambientales en todo el país”. 

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Su llamado ante los miembros del Consejo fue también el de "llevar a la justicia a los responsables de estos crímenes" y para ello consideró "esencial apoyar la labor de la Unidad Especial de Investigación en la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos. También es importante fortalecer la capacidad judicial local, incluyendo mediante jueces regionales especializados en este tipo de delitos". 

Preocupación internacional 

Tras la presentación del informe, los miembros permanentes y no permanentes del Consejo coincidieron en la preocupación por la escalada de violencia en el país. Así lo dijo Jonathan Allen, representante del Reino Unido ante la ONU, quien también señaló el apoyo a las cinco recomendaciones de la Misión para la paz de Colombia. 

Según el informe, las recomendaciones para 2021 son: "protección y seguridad de los excombatientes, líderes sociales y los defensores de los derechos humanos; asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación; consolidar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto; fortalecer el diálogo constructivo entre las partes; y fortalecer las condiciones de reconciliación. 

Noruega, representada por Mona Juul, consideró que este año "las víctimas deben poder volver al centro del debate. La Comisión de la Verdad presentará su informe final y la JEP pronunciará sus primeras sentencias. Exhortamos a ambas partes a cooperar ampliamente con esas instituciones.” 

Juul se dijo "particularmente preocupada el creciente nivel de violencia, estigmatización y discriminación contra líderes mujeres, indígenas, y afrocolombianos, y activistas del medioambiente y de las comunidades LGBT, y defensores de derechos humanos". 

Juan Ramón de la Fuente, representante Permanente de México ante las Naciones Unidas, ve oportunas las cinco recomendaciones de la Misión por lo que exhortó a todos los actores involucrados a avanzar decisivamente en su cumplimiento. Condenó también la violencia. 

"Condenamos los asesinatos de líderes sociales y también reprobamos los casos de reclutamiento de niños indígenas por grupos disidentes de las antiguas Farc". 

Entre otros miembros del Consejo, Estados Unidos también coincidió con la petición de fortalecimiento de acciones para frenar la violencia e instó "a todas las partes a participar plenamente de las iniciativas de paz y reconciliación y a exigir responsabilidad para que Colombia pueda sanar sus heridas", como lo dijo Richard M. Mills, encargado de Negocios de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. 

"Esta violencia tiene consecuencias directas sobre la implementación del proceso de paz y nos unimos a las voces de los otros consejeros al decir que esto debe parar (...) Estados Unidos urge al gobierno colombiano que aumente su presencia en las zonas rurales y que castigue a los responsables de la violencia", dijo Mills. 

Respuesta de Colombia

La Canciller Claudia Blum cerró la sesión en el Consejo destacando que el informe de la Misión reconociera avances en la disminución considerable de la violencia en los últimos cuatro años en Colombia, y añadió que esas cifras a la baja han sido una "tendencia importante que viene desde 2002". 

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Pero respecto a la preocupación del Consejo y de la Misión de la ONU, Blum aseguró que ya era de conocimiento de la comunidad internacional "que el Acuerdo se firmó entre dos partes en 2016, en medio de otras fuentes de violencia que existían. Grupos armados ilegales que persisten en varias zonas del territorio y otros que han surgido, exacerbados todos por el narcotráfico y otras economías ilegales, son una amenaza contra la seguridad de los colombianos”.

Asimismo dijo que “las víctimas están en el centro de todos nuestros esfuerzos (...) y el apoyo de la comunidad internacional es esencial en este proceso".