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Ordenan a escuelas de conducción gestionar certificados de 18 mil alumnos represados

Foto: Archivo Colprensa



Tras la advertencia que hizo la Superintendencia de Puertos y Transporte a los Centros de Enseñanza que no adquirieron el PIN antes del 18 de diciembre, se generó toda una conmoción en los estudiantes que realizaron sus cursos de conducción pero que ahora tienen represada la certificación por esta causa.

Según cifras de la SuperTransporte, hay 18 mil estudiantes que no han podido expedir el certificado de su curso por falta del PIN: seis mil estudiantes ya terminaron las clases y otros 12 mil están haciendo sus cursos, sin embargo en el RUNT estaban cargados 950 con cero horas de capacitación.

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Por esta razón, el superintendente Javier Jaramillo ordenó a las escuelas de conducción a asumir el costo del pin, para que los alumnos que tienen represado su proceso de certificación o están en tránsito de terminar el curso puedan presentar los exámenes teóricos y prácticos, y así poder obtener la licencia de conducción.

“Existen algunas opiniones divididas: los que piden a la Supertransporte no reabrir este proceso, porque dicen que se estaría beneficiando a ‘escuelas de garaje’ que venden los certificados sin dictar los cursos; y los que tienen la problemática de no haber comprado los pines a tiempo y tienen alumnos represados", indicó.

Agregó que para evitar los ‘colados’, "con la información del Runt depuramos 950 personas que no tenían horas cargadas: dichos usuarios no harán parte de la transición”.

(Lea también: Por falta de PIN, muchos colombianos deberán repetir su curso de conducción)


El pasado 18 de diciembre de 2017 entró en operación el Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), plataforma en la que los centros de Enseñanza deberán cargar a sus alumnos para así tener un control de las horas de capacitación y los exámenes y de esta forma poder frenar el fraude en la expedición de certificados de cursos de conducción a personas que no son idóneas y que no realizaron dicho curso.

El ente de control recordó que los centros de enseñanza infractores, de ser hallados culpables se exponen a la suspensión de la habilitación hasta por dos años.