La Corte Constitucional le advirtió al Ministerio de Justicia y al Inpec que por cuenta del hacinamiento se están vulnerando derechos de los trabajadores. La Corte Constitucional ordenó al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que inicie las acciones correspondientes para garantizar las condiciones laborales de todos los trabajadores que se encuentran en las cárceles del país. El alto tribunal realizó una serie de órdenes a las autoridades por la grave situación de hacinamiento en las que se encuentran los centros carcelarios y en donde el déficit de personal y las condiciones de salud de los trabajadores de Cuerpo de Custodia y Vigilancia, no son las óptimas. Para la Corte Constitucional en el caso particular estudiado de la cárcel La Paz de Itagüí, la proporción del personal de vigilancia es 1 por cada 7 internos sin contar con las vacantes que existen en varios cargos por diferentes motivos que no han sido resueltos por parte de los directivos de la institución. De igual forma la Corte Constitucional consideró que la situación descrita repercute negativamente en las garantías mínimas del derecho al trabajo y, específicamente, en la extensión o en la intensidad de la jornada laboral. "Preocupa, además, en la red de derechos y deberes que se tejen entre el Estado, sus funcionarios y los internos, las consecuencias que la situación descrita genere en la calidad del trabajo desempeñado por el personal de vigilancia y custodia del EPC La Paz, especialmente, en lo que respecta a su deber de prodigar un trato digno y decente a todos los internos", advierte la sentencia. Por estos hechos, la Corte Constitucional también ordenó que en un término de 3 meses el Ministerio de Justicia y el director nacional del Inpec realizar un estudio que determine la proporción que existe entre trabajadores e internos para que se puedan tomar las acciones que corresponda en aras de garantizar las condiciones establecidas por la Ley para los trabajadores de los centros carcelarios. En este caso la Corte Constitucional advirtió que "las propias condiciones de hacinamiento propician los conflictos entre los internos y, de otra parte, resulta fácticamente imposible para los funcionarios asegurar el control de una población carcelaria que los excede en más de un setecientos veintinueve (729%)".