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Consejo de Estado ordena "ubicación especial" de estaciones de Policía para proteger a civiles en atentados

El Consejo de Estado ordenó que las estaciones de Policía deben tener una "ubicación especial" que no ponga en riesgo a la población civil por los ataques de los grupos guerrilleros en los diferentes municipios del país, especialmente contra esas instalaciones.

Así lo estableció el alto tribunal, al condenar a la Policía Nacional al pago de los perjuicios ocasionados a la Diócesis de Arauca por los daños a la iglesia, la casa cural y el colegio de la localidad de Puerto Rondón (Arauca), durante los ataques de la guerrilla de las Farc en marzo, septiembre y diciembre de 1999.

La Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que es difícil para el Estado proteger de manera especial las edificaciones religiosas. Sin embargo, consideró que es necesario garantizar el respeto a la vida y a la libertad de culto.

El organismo analizó que al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la prioridad de la obligación del Estado de adoptar medidas de protección y prevención en situaciones de conflicto armado, por lo que su omisión puede comprometer la responsabilidad internacional.

Por tal motivo, el Consejo de Estado indicó que las estaciones de Policía deben tener una "ubicación especial" que no ponga en riesgo a la población civil por los ataques de la guerrilla.

En el caso concreto de Puerto Rondón, las edificaciones de la iglesia Católica, la casa cural y el colegio La Inmaculada se vieron afectados por encontrarse junto a la estación de la Policía.

"En efecto, debido a que en estos casos las personas enfrentan un riesgo real de sufrir amenazas o vulneraciones de sus derechos humanos, el Estado asume una posición especial de garante que lo obliga a ofrecer una protección efectiva a la población civil y a adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones de peligro razonablemente previsibles", señala la sentencia del Consejo de Estado.