Los campesinos de la Hacienda Las Pavas. Foto: Colprensa



Con ponencia del magistrado Jaime Orlando Santofimio, el Consejo de Estado le ordenó a la Presidencia y a la Policía Nacional desplegar las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de la comunidad campesina en la hacienda Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar.

La orden se desplegó de una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo “sobre hechos de intimidación cometidos contra la comunidad de Las Pavas en el corregimiento Buenos Aires”, y ocupación ilegal de terrenos ubicados entre los municipios El Peñón y Regidor que estarían afectando los derechos de los campesinos reales propietarios.

El Consejo de Estado indica que se estarían incumpliendo las medidas cautelares decretadas en marzo del 2016 que impedían la posesión del predio, contrariando los intereses de la empresa Aportes San Isidro S.A.S y los de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), que han sido reconocidos en al menos tres sentencias de la Corte Constitucional como desplazados.

El máximo tribunal de lo contencioso administrativo emitió una nueva medida cautelar que obliga al Gobierno, a la Gobernación de Bolívar, a las alcaldías e inspecciones de Policía de El Peñón y Regidor, a la Fuerza Pública, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo a tomar las medidas que impidan afectar los derechos de los ocupantes y, especialmente, que se evite que la posesión, titularidad o naturaleza jurídica del bien pueda sufrir alguna modificación.

El pleito

En 1983 la hacienda Las Pavas perteneció a Jesús Emilio Escobar Fernández, familiar y testaferro del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, pero tras su muerte quedaron desiertas en 1993. Años más tarde, 124 familias del corregimiento Buenos Aires del municipio El Peñón al Sur de Bolívar llegaron a ocuparlas y hacerlas productivas. Pero en 1996 las familias fueron víctimas de desplazamientos forzados y asesinatos por parte de los paramilitares del Bloque Central Bolívar.

Para el 2004, las mismas familias organizadas en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) regresaron a las tierras pero con acciones ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder- para solicitar su extinción de dominio por ser bien del testaferro del jefe del Cartel de Medellín. Sin embargo aparece una venta firmada por Escobar al Consorcio Labrador (empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A.) dedicada al cultivo de palma aceitera.

En el 2009 las familias fueron desalojadas de los predios, pero una orden de la Corte Constitucional falló que el desalojo fue irregular y ordenó reanudar un proceso de extinción de dominio. Actualmente la finca se encuentra se encuentra en litigio jurídico por su posesión entre la Asocab y el Consorcio El Labrador.