Varias organizaciones sociales acudieron ante la Corte Penal Internacional con el fin de que se investigue a 14 ejecutivos de la multinacional Chiquita Brand por financiar a los grupos paramilitares. Así lo señaló el abogado Sebastián Escobar quien indicó que en este caso la justicia colombiana después de diez años de investigaciones no ha logrado mayores avances. "La Comunicación está dirigida contra 14 sospechosos de Chiquita Brand que residen en Estados Unidos porque contra estas personas la Fiscalía colombiana nunca ha activado una investigación penal en contra de ellas, salvo con uno de los acusados", dijo el abogado Escobar. De igual forma señaló: "Consideramos que la CPI debe intervenir en este caso debido a la falta de voluntad y de capacidad del Estado colombiano para adelantar esta investigación". El jurista indicó que en este caso no hay lugar a que se justifique una posible coacción, porque estos ejecutivos de Chiquita Brand aceptaron financiar a grupos paramilitares pese a tener conocimiento de los crímenes y demás delitos que estaban cometiendo en Colombia. Agregó que esta financiación se realizó a través de millonarios pagos a los paramilitares durante ocho años, aproximadamente entre 1997 y 2004.