Alcaldía de Cali pide decretar emergencia carcelaria por hacinamiento en estaciones de Policía

La Alcaldía de Cali le solicitará al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Justicia que se decrete la emergencia carcelaria.

Lo anterior, debido al hacinamiento carcelario en las estaciones de Policía de la capital del Valle, se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que asistieron el Inpec, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, jefe operativo de la Policía Metropolitana, la Alcaldía de Cali y los organismos de Derechos Humanos para coadyuvar en una pronta solución frente al tema.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, en la ciudad hay entre 133 y 2.040%  niveles de hacinamiento en las estaciones de Policía, situación que ha generado una alerta por parte de la Procuraduría General de la Nación así como por parte de la Defensoría del Pueblo.

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“Para encontrar una ruta de solución, se está procediendo de acuerdo con la Ley 1709 del 2008, artículo 168, numeral tercero, en la que dice que el director Nacional del Inpec puede decretar vía solicitud previa una emergencia carcelaria y sanitaria”, aseguró el secretario de seguridad.

Frente a este tema, Carlos Soler indicó que tomando la ley como ruta para encontrar una solución al tema de hacinamiento carcelario, se le solicitará al director del Inpec y al Ministerio de Justicia que se decrete la emergencia carcelaria.

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"Vamos a pedirle, a través del alcalde de Cali, al director y al Ministerio de justicia y que se decrete la alerta carcelaria, para generar y hacer movimientos presupuestales que converjan ya sea en la gobernación, la alcaldía o en alguno de los ministerios y poder solucionar, de manera pronta, la emergencia", puntualizó Soler.

De igual manera, el secretario solicitó apoyar a la Policía Nacional, debido a que por la cantidad de hombres que están dentro de las estaciones, por orden de alguna autoridad judicial, se está sobre cargando la capacidad de las autoridades,  debido a que también deben garantizar la seguridad de más de dos mil detenidos.