Condenan a tramitadores que desfalcaron al sistema de salud del Chocó
Esta red delincuencial se apropió de más de 230 millones de pesos.
El Juzgado 35 Penal del Circuito de Bogotá condenó a cinco años y dos meses de prisión a Yefferson Ramírez Hernández y Luis Eduardo Ramírez Franco, representantes de una empresa de trámites, por cometer una millonaria defraudación al sistema de salud del Chocó.
Los implicados en este caso fueron hallados culpables por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y falsedad material en documento público.
Los investigadores de la Fiscalía General evidenciaron que estas dos personas cobraron al sistema de salud por indemnizaciones, por muerte o gastos funerarios de fallecidos en el Chocó, o eventos catastróficos, que eran improcedentes.
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Las pruebas recolectadas demostraron que esta red delincuencial se apropió de más de 230 millones de pesos, que correspondían a 23 reclamaciones presentadas entre octubre de 2007 a septiembre de 2014 al Fondo de Seguridad y Garantía en Salud (Fosyga), a través de la sub-cuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT).
Según los registros judiciales en total se presentaron 73 peticiones, pero sólo les aprobaron 23.
Los dos condenados presentaron, de manera fraudulenta, actas de inspección a cadáver, certificados de personería, facturas de funerarias, declaraciones juramentadas o extrajuicio y certificados de Fiscalía.
Asimismo, a nombre de supuestas víctimas del Chocó registraron hechos que nunca ocurrieron en el formulario único de reclamaciones de personas naturales (Furpen), el cual se presenta al Fosyga.
“Con información falsa engañaron al Sistema de Salud y se quedaron con dineros públicos”, manifestó la Fiscalía.
El grupo de trabajo de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, que atiende los casos de corrupción en el sector salud, logró la devolución del 100% del dinero apropiado por las actuaciones ilícitas de los dos procesados que ascendió a cerca de 234 millones de pesos.
En la condena, el juez a cargo del proceso les impuso a los dos implicados una multa de 205 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El juzgado también exigió a los sentenciados ofrecer disculpas públicas a las entidades afectadas por este caso de corrupción.
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