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Contraloría emite fallo por $8.000 millones en contra de Metrocali

La Controlaría General de la República, emitió un fallo de responsabilidad penal por el giro de un anticipo de $6.825 millones en el año 2007 para el inicio de la Terminal Calima y cuya obra nunca se inició.

 

La Controlaría General de la República, emitió un fallo de responsabilidad penal por el giro de un anticipo de $6.825 millones en el año 2007 para el inicio de la Terminal Calima y cuya obra nunca se inició.

Los hechos ya conocidos están relacionados con el contrato entre la entidad y la firma israelí Hafira Ve Hatziva, que tenían como objeto el diseño y construcción de dicho complejo de transporte para el sistema masivo en el norte de la ciudad.

Lo nuevo es que el organismo de control, emitió un fallo de responsabilidad fiscal por un monto de $8.529 millones de pesos, tras verificar que dichos recursos fueron destinados a fines completamente ajenos al orden inicial.

En este escrito, se vincula fiscalmente al entonces presidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera, quien suscribió el Acta de inicio de Ejecución y firmó el pago de la millonaria suma.

La Contraloría argumenta irregularidades, pues en su momento, los dineros fueron girados a una cuenta personal del contratista y no se tuvo en cuenta el trámite para “garantizar la seguridad bancaria”, lo que permitió a la parte beneficiada con el recurso, gastarlo a libre albedrío.

Quiere decir entonces que el agravante está vinculado a que nunca se ejecutó dicha obra y se obviaron las medidas judiciales y administrativas para garantizar el cumplimiento del mismo.

"Verificados por la Contraloría General de la República los soportes presentados por HAFIRA VE HATZIVA LTD – SUBSIDIARIA COLOMBIA para justificar el uso del anticipo, se encontraron conceptos como gastos de personal, compra de tiquetes aéreos, reembolsos de caja menor para gastos de papelería, gastos de vehículo y pago de renovaciones de la matrícula mercantil, entre otros”, destaca la comunicación de la Contraloría.

Durante el proceso, se otorgaron múltiples suspensiones y prórrogas que superaron los tiempos estipulados, lo que generó un detrimento millonario al municipio y a la entidad.