En la vigencia 2017 la Licorera del Valle y el Consorcio Suprema dejaron de vender 3 millones 984 mil 832 unidades de aguardiente Blanco.

Licores del Valle
Industria licorera del Valle.
RCN Radio

El informe final de la visita fiscal que fue ordenada por el contralor del Valle del Cauca, José Ignacio Arango Bernal, reveló que durante el año 2017, la Industria de Licores del Valle y el Consorcio Suprema, habrían incurrido en un presunto detrimento fiscal de $67.279 millones de pesos.

El informe muestra en detalle que en la vigencia 2017, la Licorera del Valle y el Consorcio Suprema dejaron de vender 3 millones 984 mil 832 unidades de aguardiente Blanco del Valle, lo que equivale a un presunto detrimento fiscal por $25 mil 825 millones de pesos.

A raíz de un incumplimiento inicial en el contrato de distribución el cual iba a ser cancelado a comienzos de 2017, se recurrió a un tribunal de arbitramento donde el consorcio se comprometió a vender al cierre de diciembre del año anterior, 8 millones 500 mil botellas, pero finalizado el plazo, sólo vendió 4 millones 516 mil unidades de aguardiente.

“Encontramos un presunto detrimento de $67.279 millones de pesos, el cual se pudo determinar de la suma de dos factores. El primero se relaciona a lo que dejó de percibir a ILV por ganancia de la venta de botellas y el segundo que es las transferencias que tiene que hacer la ILV por la venta de estas unidades de aguardiente”, precisó el contralor departamental.

De la misma manera, se evidencia que a raíz del incumplimiento, la Industria de Licores del Valle, la ILV, dejó de transferir al departamento, ingresos provenientes del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas por una suma equivalente a los $41 mil 454 millones de pesos, lo que según el ente de control, representó un déficit significativo para la inversión en salud y recreación de los vallecaucanos.

Desde el año anterior, la gobernadora Dilian Francisca Toro, previendo que no se iba a cumplir con las metas de las ventas de los licores, ordenó de acuerdo a la ley, la cancelación del contrato con el Consorcio Suprema.

Los hallazgos fiscales continuarán su debido proceso al interior del ente de control, mientras que los restantes, serán trasladados a las entidades competentes.

Finalizado el proceso de responsabilidad fiscal, se busca determinar a los responsables del presunto detrimento, para que respondan y cancelen los recursos que dejaron de ingresar a las arcas departamentales.

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