Corte Constitucional ordena medidas urgentes al Gobierno por riesgo cultural de indígenas del Cauca

La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno reestructurar los planes de atención y protección a los pueblos indígenas NASA en el Cauca ante el riesgo de la pérdida de identidad cultural y física por cuenta del conflicto armado en el país.

RCN Radio conoció que el alto tribunal protegió los derechos fundamentales de los resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló que se encuentran en riesgo ante la injerencia de la Fuerza Pública y grupos armados ilegales en esa región del país.

Para la Corte Constitucional si bien desde hace más de 15 años esta población ha sido objeto de diferentes acciones violentas por parte de grupos armados ilegales y de actividades ilícitas, el Gobierno no ha enfrentado con eficacia estos hechos, incrementando el riesgo de supervivencia de estas comunidades declaradas como zonas de especial protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“La Sala proferirá un conjunto de órdenes concretas a efectos de, primero, facilitar la construcción y la adopción de las medidas de protección que acuerden el Estado y el Pueblo Nasa y, segundo, corregir problemas puntuales relacionados con las medidas que actualmente se están brindando”, señala la sentencia.

La Corte Constitucional encontró que actividades derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y otorgamiento de licencias ambientales ponen en riesgo el desarrollo cultural y étnico de estas poblaciones, por lo que es necesario tomar medidas para que evitar estos riesgos.

De igual forma la Corte Constitucional le advierte al Gobierno que debe preservar y garantizar territorios de estos indígenas con su participación frente al proceso de paz que desarrolla.

“El Estado debe preservar el territorio. Para ello, deberá comenzar a evaluar en qué espacios se dará la participación de los pueblos indígenas, de cara a un eventual proceso de paz, y respetar el principio de distinción”, indica la sentencia.

En este caso la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada María Victoria Calle, le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que a más tardar en 3 meses realice las articulaciones interinstitucionales para cumplir con las medidas cautelares decretadas por la CIDH para proteger de forma integral a los miembros de esta población vulnerable.

“Esto se deberá realizar a través de un proceso de retroalimentación que incluya, tanto la visión de la comunidad, como la del Estado colombiano, a efectos de permitirles a los guardias exponer las situaciones de riesgo concretas que aquejan a la comunidad como sujeto colectivo, así como los obstáculos que encuentran para superar la situación de amenaza permanente, bien sea por factores objetivos o subjetivos”, ordena la Corte Constitucional.