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Referencia trabajadores Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó.
Referencia trabajadores Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó.
Cortesía: sindicato trabajadores Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, aseguró que se empeoró la crisis del sector de la salud en el departamento del Chocó, luego que se suspendieran los servicios de salud en el hospital Ismael Roldáb, que se suma a la grave situación en el hospital San Francisco de Asís, por los más de 8.000 millones de pesos que les adeudan a sus empleados. 

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La decisión se tomó luego que los empleados sintieran vulnerados sus derechos laborales al no recibir de manera puntual los salarios por los meses trabajados. 

“Resolver la crisis del hospital San Francisco de Asís resulta urgente por ser el principal centro de atención de referencia y es el único que recibe los casos de pacientes que requieren ser remitidos a otras ciudades o centros médicos o de atención especializada de mayor nivel de complejidad”, dijo. 

Camargo Assis señaló que los funcionarios de la Defensoría Regional de Chocó adelantan recorridos por las diferentes IPS de Quibdó para verificar la atención de los pacientes que están en medio de esta difícil situación. 

Debido a esto, la entidad les hizo un llamado a las autoridades de salud para que atiendan la emergencia que en materia de salud enfrentan los habitantes del departamento de Chocó. 

“Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el llamado urgente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud a implementar medidas ágiles y especiales que permitan superar la situación laboral de empleados y contratistas, y garantizar el derecho a la salud en el Chocó”, dijo. 

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Cabe recordar que los empleados administrativos al igual que médicos, enfermeras y profesionales de la salud de la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís en intervención, han exigido de sus salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022.

"Convocamos a las autoridades gubernamentales para que se cumpla con el pago acordado con los trabajadores por $8.000 millones, lo cual motivó el cierre total de las actividades", concluyó el defensor del Pueblo. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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