Defensoría advierte sobre crisis humanitaria en Bojayá, 20 años después de la masacre
El organismo alertó sobre el riesgo que corren comunidades por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
En el marco de la conmemoración de los 20 años de la masacre de Bojayá, la Defensoría del Pueblo se pronunció frente a la situación que afronta esta población chocoana, en materia de vulneraciones de Derechos Humanos, seguridad y violencia.
El Ministerio Público recordó que en los últimos años ha emitido tres alertas tempranas y destacó especialmente una de agosto del año pasado, en la cual advertía sobre el fortalecimiento militar y la expansión territorial de grupos armados como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en territorios abandonados por las extintas Farc en el marco del Acuerdo de Paz.
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Como peligros latentes para las comunidades se encuentra la alta presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar en territorios afros e indígenas que atentan contra la libertad de locomoción y el cumplimiento de labores básicas para la subsistencia.
Por otra parte, se encuentra las amenazas y riesgos en contra de la población reincorporada. A ellos, sus familiares y amigos "se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa, al igual que en contra de autoridades étnico–territoriales y líderes comunitarios, lo cual ha derivado en desplazamientos individuales", apunta el comunicado.
Pese a esta situaciones, entre las cuales también está el reclutamiento y la instrumentalización de menores, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ratificó su respaldo desde la entidad a esta población.
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"Les reiteramos a los habitantes de Bojayá que la Defensoría del Pueblo los seguirá acompañando a través de nuestro equipo de la Regional Chocó en el territorio y no desmayaremos en nuestro propósito de lograr la garantía de sus derechos", manifestó el funcionario
Cifras de la Defensoría del Pueblo revelan que desde 2017 hasta el 2022, por acción de estos grupos, se han reportado en esta localidad 16.927 personas víctimas de confinamiento, pertenecientes a 4.136 familias, y también 1.438 personas de 393 familias han sufrido desplazamiento forzado.
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