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Diputados del Valle asesinados por las Farc
Los 11 diputados del Valle asesinados por las Farc.
Foto: Archivo Colprensa

Los familiares de los diputados del Valle del Cauca que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por la guerrilla de las Farc denunciaron que la Nación se ha negado a pagarles una indemnización de 23.000 millones de pesos. 

Este pago es una reparación a los familiares que dependían económicamente de los diputados, además porque ninguna autoridad brindó la seguridad necesaria para evitar el secuestro ocurrido en el año 2002, conociendo también las amenazas que habían denunciado los asambleístas.

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“El Estado no los protegió y tampoco hizo un acuerdo humanitario para salvarles la vida, no los rescataron y la consecuencia fue la muerte. Tiene la obligación de reparar a las víctimas que tuvieron que estar en procesos y demandas, pero cuando se hace justicia, hay una apelación sobre la decisión del Consejo de Estado para no repararlas”, aseguró Sigifredo López, exdiputado y quien fue el único sobreviviente.

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López señaló también que los victimarios han tenido miles de millones en procesos de socialización y están en el Congreso con todos los beneficios. “Esto causa malestar entre las familias que solo piden justicia por todo el dolor”.

Según los familiares de los políticos asesinados, la Policía y el Ministerio de Defensa se han negado a acatar el fallo que ordena indemnizar a las familiares de los diputados, además, les ordena realizar un acto público de perdón.

Cabe recordar que fue el Consejo de Estado el que revisó una sentencia que había proferido el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que, en segunda instancia, negó la indemnización a las víctimas, al revocar una decisión con la que, en 2012, un juzgado de Cali declaró patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa y la Policía por dichas muertes en cautiverio.

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Ante esta acción, el grupo de víctimas solicitó la revisión eventual de la sentencia, y fue entonces, con la nueva decisión, que la alta corte invalidó la decisión del Tribunal del Valle y en su lugar emitió otra sentencia a favor de los familiares de los diputados, al considerar que el Tribunal no tuvo en cuenta algunas normas del DIH, ni precedentes del mismo Consejo de Estado, sobre la responsabilidad del Estado, por la omisión del deber de protección cuando el daño fue cometido por un tercero en el conflicto armado.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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