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Familiares de los menores asesinados han denunciado supuestas irregularidades por parte de la Policía en el levantamiento de los cuerpos.
La Policía indicó que el levantamiento de los cuerpos se realizó bajo todos los protocolos judiciales y con una actuación oportuna y de manera transparente.
Cortesía Alcaldía de Cali.

Familiares de las víctimas de la masacre de Llano Verde en Cali, le exigieron a la Fiscalía General de la Nación investigar la procedencia e historial de la empresa de vigilancia Control Interno y Transporte S.A.S, en donde trabajaban Juan Carlos Loaiza, detenido por el caso y Gabriel Alejandro Bejarano, quien es buscado por las autoridades.

Según los abogados de las víctimas, esta empresa antes se denominada como Búho-Servicio y presuntamente cambió su nombre porque en operativos realizados en octubre del 2019, su propietario y otras personas fueron detenidas por los delitos de tráfico de drogas, homicidios y hurtos.

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Además, se conoció que uno de los capturados, conocido con el alias ‘Miller’, tenía relación con la disidencia de las Farc, Jaime Martínez’, que opera en el departamento del Cauca.

La organización Búho tenía un servicio de vigilancia como fachada para presuntamente surtían armas para una disidencia de las Farc. El representante legal fue privado de la libertad y luego cambiaron de razón social”, afirmó Elmer Montaña, abogado de la familia de uno de los menores de edad asesinado.

El jurista advirtió que la empresa de vigilancia contrató a personas con antecedentes penales. “Gabriel Alejandro, quien todavía no ha sido detenido, tiene una medida de aseguramiento vigente por el delito de porte de armas y nos resulta sorprendente que estaban trabajando bajo esas condiciones”. se indicó.

De acuerdo con la denuncia, los personas que trabajaron en la compañía en mención, en la actualidad laboran en la empresa de vigilancia Control Interno y Transporte S.A.S., situación que se confirmó porque ante la Fiscalía uno de los funcionarios rindió interrogatorio.

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“El ente investigador debe dar a conocer los antecedentes de la empresa y debe de establecer s los vigilantes laboraban con una estructura criminal en la zona de Navarro, es una exigencia que tienen las víctimas”, afirmó Montaña.

En las audiencias se estableció que los menores no fueron asesinados por comer caña, por esta razón, los abogados del caso le solicitaron a la Fiscalía establecer si fue un hecho aislado de tres psicópatas o detrás de ellos hay una estructura criminal que dio la orden de asesinarlos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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