Fiscalía pidió que el alcalde de Quibdó sea enviado a la cárcel por corrupción

La Fiscalía le pidió a la juez 14 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que imponga medida de aseguramiento intramural contra el alcalde de Quibdó, Isaías Chalá Ibargüen, por las obras inconclusas de la Unidad Intermedia de Salud para el sector del Caraño, en la capital de Chocó.

La solicitud también abarca a los contratistas Cesar Augusto Mosquera Hurtado, Emir Parra Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba Pino.

La inversión en la obra fue de más de cinco mil millones de pesos y, de acuerdo con la investigación, habría generado un presunto detrimento patrimonial de 406 millones de pesos.

“La Fiscalía, con fundamento en la ley, solicita a usted señora juez imponga medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento de reclusión contra de los ciudadanos Isaías Chalá Ibargüen, Cesar Augusto Mosquera Hurtado, Emir Parra Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba Pino, por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público”, dijo la fiscal del caso.

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Agregó también que “se concertaron para que a través de varios documentos contractuales se suprimieran en algunos casos, obras que supuestamente ya habían sido ejecutadas pero que en todo caso ya habían sido pagadas. En otros casos se acepta pagar valores sobredimensionados para un detrimento patrimonial de 406 millones de pesos que fueron pagados al contratista”.

Por considerar que existen varias circunstancias que permiten inferir que los procesados podrían a futuro destruir, modificar o falsificar documentos de prueba, la Fiscal sustentó su petición de enviar a la cárcel a los capturados, mientras se desarrolla el juicio en su contra.

También explicó que Chalá Ibargüen, en su condición de alcalde de la administración municipal de Quibdó, tiene potestad en materia contractual y podría interferir y afectar el desarrollo de la investigación en su contra.

“El alcalde firmó el acta de modificación y de terminación del contrato; tuvo además injerencia en el maquillaje de los informes, arreglando cifras y modificando actas, por lo que podría junto con los otros contratistas continuar haciendo lo mismo”, aseguró la fiscal.

La Fiscal también reveló que en una inspección desarrollada el día 19 de marzo de 2019, por el investigador Óscar Guerrero, se logró evidenciar a través de un video que las obras estaban inconclusas.

“El investigador indica que pudo observar varias columnas y vigas que tenían el hierro a la vista, porque no tenían el concreto terminado”, afirmó la funcionaria de la Fiscalía.

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Añadió también que durante la investigación, se demostró que en las actas del proyecto, “se cobró el concreto para vigas y columnas; el cual fue pagado en noviembre de 2017. Extrañamente el investigador encuentra que muchas vigas y columnas, no tienen el concreto”.

Curiosamente, en una nueva inspección desarrollada en el mes de mayo, se encontró que el concreto ya había sido instalado. “Lo que significa que esta nueva instalación del concreto que la administración había pagado pero no instalado se hizo después que el contrato hubiese sido liquidado”, indicó.

La Fiscalía precisó que “luego de los hallazgos evidenciados por el investigador Luis Eduardo Rodríguez Rosso, se demuestra que han seguido ejecutándose las obras pese a que el contrato está liquidado, lo que significaría una gravísima falta de transparencia en la contratación".