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Gobernador de Nariño, Camilo Romero
Gobernador de Nariño, Camilo Romero.
Foto: Colprensa

Este fin de semana se destapó una red de interceptaciones telefónicas ilegales que orquestaban cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública y una exfuncionaria del Ministerio de las TIC, según pruebas que dio a conocer la Fiscalía.

Dicha red prometía la recolección de “cualquier tipo de información” - desde casos de infidelidad hasta documentos privados de la seguridad nacional del país - por un pago de hasta 3 millones de pesos. 

El gobernador del Nariño, Camilo Romero y su padre el alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, fueron vinculado a esta red como supuestos "clientes" que habrían pagado para conocer información sobre las investigaciones en su contra por el carrusel de la contratación.

Sobre estas acusaciones, el gobernador Camilo Romero niega cualquier vinculación con esa red de interceptaciones y pide que se investigue a fondo quienes están detrás de esa "farsa".

 

"No sabía nada de esta red, en ningún momento vamos a acudir a eso, es absurdo. Nunca busqué a alguien y ni siquiera me han buscado para ofrecerme estos servicios. Es increíble que aparezca como cliente de algo que no consumo", aseguró en diálogo con RCN Radio. 

La investigación de la Fiscalía lo relaciona con el coronel en retiro Carlos Andrés Pérez, quien fungía como jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales y fue capturado por hacer parte de la red encargada de interceptar conversaciones telefónicas ilegalmente.

Romero admite que conoció al coronel (r) Pérez en un evento público cuando éste se desempeñaba como Comandante del Ejército en Ipiales, sin embargo subraya que no tuvo mayor contacto con el militar más allá de dicho encuentro.

Agregó que viaja este lunes a Bogotá para ponerse en contacto con su abogado y saber quién puede estar detrás de dicha acusaciones. 

Durante la audiencia de imputación de cargos a los cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública, el delegado de la Fiscalía General reveló que esta red venía trabajando desde septiembre de 2017. Tenían una lista de precios sobre las interceptaciones y la obtención de la información que tenían que realizar, las cuales se encontraban entre 150 mil pesos y los tres millones.

“Esta organización tendría interés de ampliar el negocio en ciudades como Medellín, incluso en el exterior”, precisó el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos en contra de los militares en retiro Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga Cubillos; y la exfuncionaria del Ministerio de Tecnología de la Información, María Alicia Pinzón Montenegro.

En otra de las comunicaciones, apareció el general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza. En la charla, exigían “que rastrearan mensajes en WhatsApp para confirmar una infidelidad de la pareja de un amigo abogado” del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Audio

Gobernador del Nariño, Camilo Romero segura no conocer la red de chuzadas

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Fuente

RCN Radio

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