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Arma de fuego. Imagen de ilustración
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Foto: Archivo Colprensa

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó los restos de las cinco víctimas de la masacre que se registró en el corregimiento La Meseta, zona rural del municipio de Jamundí (Valle del Cauca).

A través de la tipificación molecular y el posterior cotejo de perfiles genéticos realizados por la entidad, se logró identificar a Jonatan Segura Micolta, Arbey Aguiño Mosquera, Henry Bedoya Montoya, Juan David Cuero Cabezas y a Luis Alberto Carupe Ávila.

El informe forense reveló que los cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza, el rostro y los brazos y también tenían señales de tortura.

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Así mismo, se determinó que las víctimas fueron emboscadas por integrantes del grupo armado organizado residual de las disidencias de las Farc mientras que se movilizaban en tres vehículos. 

A raíz de la masacre que generó consternación en el país, las autoridades ofrecieron 300 millones de pesos de recompensa, a quien entregue información que permita la ubicación de los autores materiales e intelectuales, es decir a quienes ordenaron los crímenes.

Aunque todavía no hay capturados por estos hechos, a los supuestos responsables les imputarán una vez sean capturados, los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego y explosivos agravado.

 

Investigación 

 

Con grupos especiales de policía judicial de la Fiscalía General apoyan las labores de investigación de las autoridades con el objetivo de esclarecer los hechos que rodearon las masacres de Taraza, Antioquia y Jamundi, Valle del Cauca.

Dentro de los actos urgentes, los investigadores continúan con la práctica de testimonios y entrevistas, así como en las inspecciones judiciales para recolectar elementos de prueba que contribuyan al esclarecimiento de este casos.

Según ha trascendido, en el caso de la masacre de cinco personas en la cabecera municipal de Jamundi, Valle del Cauca. Las víctimas eran personas que no eran oriundas del municipio.

De acuerdo con las primeras indagaciones, estos hechos se presentaron en medio de un enfrentamiento con la columna móvil del Grupo Armado Organizado (GAO) Jaime Martínez, por la disputa existente para buscar el control territorial de organizaciones al margen de la ley.

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Los testigos aseguran que estos enfrentamientos entre grupos criminales se sustentan en que en la zona hay alrededor de mil hectáreas de cultivos ilícitos.

En relación con la masacre de otras cinco personas, ocurrida el pasado  17 de enero en el corregimiento El Guaimaro de Tarazá (Antioquia), los agentes de policía judicial investigan si estos hechos estarían relacionados con una disputa entre bandas criminales y grupos ilegales por las rentas ilícitas y los corredores vías para el tráfico de drogas.

Igualmente, se indaga si varios de estos homicidios podrían estar orientados a afectar a beneficiarios del programa de Restitución de Tierras en la región.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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