"Los señores de las ambulancias lejos de proteger la vida están asesinado": alcalde de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, calificó como irresponsables y asesinos a algunos conductores de ambulancias, ante el último caso registrado en el barrio Siete de agosto, donde uno de estos vehículos además de ir por el carril del MIO, atropelló a un hombre que posteriormente murió.

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De acuerdo con las primeras informaciones, se conoció que el conductor excedía los límites de velocidad permitidos; no había sido despachado por el CRUE; no movilizaba ningún paciente y tampoco se dirigía a atender una emergencia.

En ese sentido, el alcalde de Cali explicó que estos hechos se han vuelto constantes y que "pareciera que estuvieran transportando mercancía", al tiempo que agregó que se deben endurecer las sanciones y permitir que estos vehículos sean manejados a través de entidades públicas.

“Son unos irresponsables, los señores de las ambulancias lejos del servicio más importante que es preservar las vidas, las están asesinando. Por eso creo que la ciudad va a retomar el tema de las ambulancias como un servicio público, va a sancionar ejemplarmente a las empresas de las ambulancias”, advirtió.

Agregó que muchas de estas empresas que son esenciales para preservar la vida de los pacientes que requieren atención prioritaria, "han caído en la guerra del centavo y atentan contra todos". 

“Recoger un accidentado se ha convertido en la "batalla del centavo" y ya los episodios de asesinar gente por ese afán son múltiples. Por eso, la radicalidad con la que tenemos que atender el tema”, enfatizó. 

Finalmente, Ospina explicó que las quejas son numerosas, "sea porque trasladan al accidentado a lugares lejanos del epicentro del accidente, habiendo incluso centros asistenciales más cerca, pero también relató que hay denuncias sobre simulación de accidentes y violación a las normas de tránsito en su afán de desplazamiento".

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Las autoridades dieron a conocer que la ambulancia implicada en el accidente, debe nueve multas por un valor de $3.670.000 de pesos y se encuentra inmovilizada, mientras se entrega las respectivas pruebas a la Fiscalía General de la Nación, para que inicie con las respectivas investigaciones.