Ocho niños murieron por malaria en Chocó, dice la Defensoría
Los menores no pudieron acceder a atención médica por combates entre el clan del Golfo y el ELN.
El defensor regional del Pueblo en Chocó, Luis Murillo, se pronunció sobre el cruce de declaraciones entre las autoridades por la cifra real de niños que han muerto confinados en Carmen del Darién por un brote de malaria sin que pudieran acceder a atención médica por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.
En su momento el gobernador del Chocó aseguró que eran dos niños muertos, mientras que el alcalde del Carmen afirmó que eran cuatro. A su turno, la mesa Indígena sostuvo que se trataba de ocho niños muertos.
Ante esta situación, el defensor Murillo aseguró que la autoridad legítima en la zona es la dirigencia indígena, pues ni el mismo Estado ha logrado entrar a la zona de los combates.
Por eso, corroboró que la cifra real de fallecidos es la entregada por la autoridad indígena, es decir, ocho niños.
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Dijo que hace una semana ya habían muerto cuatro menores de edad en la comunidad Alto Guayabal y que en dicha inspección asistieron al velorio de una bebé de seis meses que falleció por malaria.
"La Defensoría verificó en Alto Guayabal el fallecimiento de cuatro menores. Entonces, por credibilidad y presunción de buena fe nosotros creemos que la cifra real de niños muertos es la que entregan los indígenas. Ellos son las autoridad legítima en la zona. Hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que el Estado no entre a la zona, no podemos discutir la cifra de muertos", advirtió.
El defensor del Pueblo de Chocó también confirmó que los grupos armados sembraron minas antipersonal en medio de los combates y dejaron confinados a más de 5.000 habitantes.
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Este pronunciamiento del Ministerio Público choca con las declaraciones del Ejército, que manifestó que la siembra de minas no estaba confirmada.
Por ahora, las autoridades de Chocó intentan entregar las 35 toneladas de ayudas humanitarias enviadas por la Unidad de Víctimas.
Sin embargo, los combates continuos no han permitido que el Estado llegue para atender a las víctimas del confinamiento y a los enfermos por el brote de malaria.
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