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Gabriel Cifuentes denunció acciones insuficientes por parte de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, frente a las alertas tempranas.

Masacre en la iglesia de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002
Masacre en la iglesia de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002.
AFP

El exsecretario de Transparencia, Gabriel Cifuentes, denunció una serie de acciones insuficientes por parte de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, frente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por el confinamiento en Bojayá (departamento del Chocó), por la presencia de guerrilla y grupos paramilitares. 

Señaló que la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) también alertó sobre las amenazas a las comunidades indígenas de la región.

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“Desde abril del 2019 se expidieron alertas tempranas donde se deja constancia del peligro inminente que corrían las comunidades de Bojayá (...) donde se denuncian más de once delitos como decapitaciones, asesinatos, posible reclutamiento de menores y violencia sexual y esta alerta temprana fue reiterada en octubre”, dijo Cifuentes.

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[AUDIO] Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia, sobre la situación en Bojayá.

0:27 5:25

Cifuentes dijo que el olvido del Estado en la región del Chocó ha sido una problemática sistemática y de gobiernos atrás. Sin embargo, resaltó que en el gobierno del presidente Iván Duque se han incrementado los asesinatos de líderes sociales. 

“No es algo nuevo, es un problema estructural y sistémico del Estado, entender cómo ver esta serie de alertas para prevenir situaciones (...) en el último año ha habido más de 220 líderes sociales asesinados, un incremento en el número de excombatientes asesinados, incremento de las violaciones de derechos humanos. En el caso particular del Chocó, la Defensoría señala que ha habido tres alertas tempranas reiteras de categoría inminente y que la acción del Estado ha sido poca”, dijo. 

Cifuentes recordó que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se extienden al bajo baudó. “Hay unos patrones en el Chocó donde, justamente por el conflicto entre el ELN y las AUC, se están poniendo en riesgo la integridad de miles de familias campesinas e indígenas del alto baudó y de Bojayá”, señaló.

Cifuentes también cuestionó el actuar de los militares frente a las denuncias y las órdenes para hacer presencia en la región: “Ha habido más de 17 llegadas tarde del Ejército a responder ante la situación; hay veces que el Ejército llega hasta 48 horas después (...) Es decir que acá esta fallando algo, no solo en presencia pública sino también en la oferta integral del Estado”.

El exsecretario de Transparencia dijo que también se debería revisar los protocolos de las Fuerza Pública frente a la situación. Es decir, no descartar una posible vinculación entre militares y grupos armados ilegales, “porque en muchos casos llegan 48 horas después de que se da la instrucción de movilizar la tropa (..) habría que ver de qué manera hay una convivencia entre la fuerza pública y los grupos armados. 

Dijo que lo que se busca es “que se diga exactamente qué acciones se tomaron y por qué el presidente Duque hasta los primeros días de enero decide tomar medidas extraordinarias cuando la situación se sabía desde 2018 y desde abril el riesgo fue inminente”. 

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Frente a esta situación, el procurador Fernando Carrillo envió hace unos días una carta a la ministra Gutiérrez y el gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios, en la que pidió medidas urgentes e inmediatas de protección a la población de Bojayá por la presencia de paramilitares y guerrilla.

El procurador solicitó al Gobierno convocar de inmediato una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías para evitar casos de desplazamiento forzado que podría desprenderse de la intimidación a la población por parte de esos grupos armados ilegales. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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