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La Procuraduría General inició una investigación contra el exgerente general de Empresas Municipales de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez González, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 21 de septiembre, por su supuesta responsabilidad en graves irregularidades en millonaria contratación.

Esta decisión también afecta a otros 12 funcionarios de Emcali por estar implicados con presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal AMI, por 215.879 millones de pesos, para la implementación de una infraestructura de medición de energía avanzada.  

Según los procuradores delegados, supuestamente se presentaron irregularidades tanto en la planeación, como en el manejo presupuestal, en el contrato y en la definición de los valores de contrato, al punto en el que se habrían registrado sobrecostos.

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Con base en el análisis de los documentos recaudados los investigadores de la Procuraduría señalaron que podría concluirse que hay cifras atípicas que probablemente afectaron los promedios de los precios unitarios y valor total en varios ítems cotizados, lo que al parecer conllevó a que se presentaran distorsiones extremas en los valores incluidos.

“Entre los casos detectados, se encontró la cotización de dos televisores de 55 pulgadas por un poco más de 42 millones de pesos, cifra superior en un 247% al promedio del estudio del mercado, y dos unidades de video wall para salas de trabajo cotizadas por más de 763 millones de pesos, costo que está un 285% por encima del promedio del mercado”, indicó la Procuraduría.

El Ministerio Público inició que se hallaron cotizaciones de 3.000 unidades de medidores bifásicos trifilar y de 10.000 unidades de medidores trifásicos trifilar cuyos precios oscilan entre 521.255 pesos y dos millones 246.800 pesos, donde el mayor valor equivale a 4.3 veces el menor cotizado.

“En los costos para la instalación del sistema comunicaciones por unidad, los costos fluctúan entre 396.700 pesos y 5.133 millones 84.94 pesos, lo que muestra en este ítem que el mayor valor cotizado equivale a 12.962 veces el menor valor”, señala la decisión.

En atención a los hallazgos detectados los procuradores advirtieron que presuntamente se vulneraron los principios constitucionales de moralidad, economía e imparcialidad que rigen la función administrativa y el deber de selección objetiva.

Esta investigación también afecta al secretario general, Carlos Olmedo Arias Rey; el gerente de la Unidad Estratégica de Energía, Marino del Río Uribe; el gerente del Área de Abastecimiento, Jorge Hernelio Saldarriaga Romero, y el subgerente de Distribución de la Unidad Estratégica de Energía, Adolfo León Aponte García. 

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Igualmente, serán investigados la subgerente técnica de la Unidad Estratégica de Energía, Mercedes Patricia Muñoz Lora; la jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, Carmen Elena Camacho Lozano; la jefe de la Unidad de Abastecimiento, Sandra Milena Llanos, y la jefe de la Unidad de Control de Energía de la Unidad Estratégica de Energía, Ana María Benjumea Gil. 

Finalmente, la coordinadora de la Unidad Jurídica, Diana Lucero Mejía Ramírez; la jefe de la Unidad Jurídica, Diana Paola Urrego Trujillo; la coordinadora de la Unidad de Abastecimiento, Silvia Patricia Galindo Salas, y la directora de Presupuesto, María Cristina Acosta Anzola.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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