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Las denuncias fueron hechas ante la Corte Constitucional donde además se cuestionó la labor del Estado.

Desplazamiento de Familias Campesinas en el Catatumbo
Foto de Archivo

En desarrollo de la mesa técnica de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional por desplazamiento forzado en el pacífico colombiano, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo alertaron por la falta de institucionalidad en esa región del país, que conlleva al aumento de la criminalidad y victimización de las comunidades.

El defensor del pueblo, Carlos Negret habló de la falta de compromiso por parte del Estado ante las constantes alertas de la entidad por el constante desplazamiento y las amenazas contra líderes sociales. 

"A pesar del trabajo de la Corte Constitucional, el Estado no ha reparado a las víctimas de desplazamiento forzado (…) a pesar de la alerta temprana en Bojayá ocurrieron asesinatos (…) subsisten problemas de vivienda en esa región”, manifestó el Defensor.

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Incluso señaló que "actualmente existen 1351 lideres amenazados en el país, en Colombia no se debe asesinar un líder más (…) existe una falta coordinación del Ministerio de Defensa, interior y las entidades territoriales”.

Al mismo tiempo, el procurador delegado para los grupos étnicos, Richard Moreno señaló que no existe voluntad política del Estado para la región chocoana o del pacifico colombiano “ y agregó que "los recursos que se disponen son insuficientes. La población étnica del pacifico está siendo re victimizada por la forma inadecuada como se le está atendiendo”.

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Respaldó los argumentos de la Defensoría del Pueblo, al señalar que la Unidad Nacional de Protección no cuenta con los recursos para proteger a la comunidad o líderes sociales, e incluso dijo que “los alcaldes y gobernadores no se sienten responsables de la atención de las víctimas. Hay falta de coordinación del gobierno con los departamentos y las alcaldías tampoco permite que la atención sea integral, eficaz y eficiente”

Dijo que la situación conlleva a que “las víctimas sean un botín electoral” en donde persisten los problemas de seguridad focalizados en una escala de violencia.

La Corte evaluará las acciones que se han desarrollado para proteger a las personas en situación de desplazamiento, puntualmente en la región del pacifico colombiano, tras un informe entregado por la Defensoría sobre “la situación de riesgo y victimización que afronta el pueblo Jiw en diferentes zonas de los departamentos del Meta y el Guaviare”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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