¿Quién va a reparar a las víctimas de Bojayá?

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, aclaró este miércoles que la reparación económica que deberán recibir las víctimas de la masacre de Bojayá (Chocó) deberá ser asumida por la extinta guerrilla de las Farc y no por la Nación.

En entrevista con RCN Radio, el alto funcionario explicó que en el acuerdo de paz se especificó que las víctimas reconocidas por las Farc serían reparadas con los recursos pertenecientes al exgrupo guerrillero.

Sin embargo -dijo- en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acordado en este punto se "difuminó", por lo que una de las objeciones del presidente Iván Duque busca precisamente que se especifique y adopte lo señalado en el acuerdo.

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“Las víctimas deben ser reparadas con los recursos provenientes de los bienes expropiados a las Farc; la Fiscalía ha señalado que son suficientes”, indicó Gómez.

En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Chocó condenó a la Nación a pagar una indemnización de 312 mil millones de pesos, a las 1.195 personas que huyeron de Bojayá, tras la masacre del 2 de mayo de 2002.

La explosión de un cilindro-bomba en la Iglesia del municipio cobró al vida de 119 habitantes, en un hecho que todavía resuena en la memoria de los afectados.

La sentencia, con ponencia del magistrado Norma Moreno, señaló que si bien los daños fueron cometidos por guerrilleros de las Farc y los Paramilitares, el Estado es administrativamente responsable, por no atender las alerta de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.

El líder de las víctimas de la masacre, Leider Palacio, celebró que el Tribunal haya reconocido que el Estado no les brindó la protección a las víctimas del ataque.

“Recibimos el fallo con un poco de alegría y motivación porque se reconoce las afectaciones que hemos tenido. Han sido muchas las pérdidas y esto reconoce que el Estado no estuvo a la altura de la protección de nuestros derechos”, señaló.

Palacio, quien perdió a más de 32 familiares en la masacre, consideró que la decisión llegó tarde, pero todavía se pueden mitigar un poco las afectaciones de las miles de personas damnificadas. 

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Cabe recordar que las objeciones de JEP presentadas por el primer mandatario están siendo analizadas por la Corte Constitucional, que finalmente decidirá si son aceptadas o no.

En caso de que la iniciativa no sea adoptada por el alto tribunal, el director de la Agencia de Defensa recalcó que estas obligaciones deben ser pagadas con los bienes expropiados a las Farc.

Finalmente, aclaró que en caso de que los recursos provenientes del ex grupo guerrillero no sean suficientes para subsanar los daños a nivel el económico, el Estado tiene lista una subsidiaridad para responder a las víctimas.