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Leyner Palacios habló con RCN Radio sobre la decisión del Tribunal.

Masacre en la iglesia de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002
Masacre en la iglesia de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002.
AFP

Leyner Palacios, miembro de la Comisión Interétnica del Pacifico y quien fue víctima de desplazamiento forzado a causa de la masacre de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002, celebró la decisión del Tribunal Administrativo de Chocó, que condenó al Estado colombiano por estos hechos.

Palacios lamentó que haya sido la sociedad la que tuviese que demandar la Estado por omisión, por el desplazamiento ocurrido cuando los bloques "Elmer Cárdenas’ de los paramilitares y "José María Córdoba’ de las Farc se enfrentaron, ocasionando la masacre de más de 80 personas de la comunidad.

"Para nosotros esta decisión era esperada, es un caso muy sufrido y bastante triste en el que la sociedad se vio obligada a demandar al Estado por su omisión, ya que las autoridades encargadas en ese momento no prestaron atención y no cumplieron con su deber", aseguró Leyner Palacios.

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Asimismo, sostuvo que organizaciones como Naciones Unidas (ONU), la Diócesis de Quibdo y la Defensoría del Pueblo comprobaron que hubo un abandono a la comunidad por parte del Estado tras el ataque violento.

"La población se encontraba desprotegida por parte de las autoridades pertinentes, lo que ocasionó que perdieran la vida por lo menos 86 personas de la sociedad civil, entre las que se encontraban 48 niños", puntualizó.

Leyner Palacios manifestó que debido al impacto de la masacre más de 9.000 personas de la región, desde el bajo Atrato hasta el alto Atrato, se desplazaron.

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[AUDIO] Leyner Palacios, víctima de desplazamiento tras masacre de Bojayá (Chocó)

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"Dejamos de producir y de cultivar porque ese ataque nos causo grandes perdidas que, hasta el día de hoy, se evidencia en 159 personas lesionadas que siguen sufriendo y algunas que perdieron su capacidad laboral, por los impactos psicológicos que dejo la masacre", advirtió.

De igual manera, Palacios dijo que "la decisión del Tribunal la recibimos con satisfacción porque creemos que ratifica nuestro derechos y, sobretodo, pone en evidencia una irresponsabilidad del Estado".

Resaltó que esta decisión alerta a la sociedad y al Gobierno Nacional para que actos violentos como el que se presentó hace 17 años en Bojayá no vuelvan a suceder en el país. Dijo que la suma de 119 victimas no corresponde a la realidad.

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"Nosotros nos empeñamos a que se realizaran las exhumaciones de los cuerpos y, después de 15 años, logramos que la Fiscalía y Medicina Legal fueran hasta el territorio y se corroborará la cifra. Aún estamos esperando la corrección", aseguró.

Finalmente, manifestó que espera que los autores del atentado, respondan ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Demandas suman 386 billones de pesos

El Estado deberá responder con más de 312 mil millones a las victimas, por más de 1.100 desplazados que se vieron obligados a abandonar el territorio después del atentado a la iglesia de Bojayá, en donde se encontraba refugiada la comunidad.

El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, reveló en entrevista con el programa La Tertulia de RCN Radio lo que representan para la Nación las demandas que hoy se tienen en contra y las cifras de lo que se debe pagar.

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[AUDIO] Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, sobre Bojayá.

0:27 5:25

De acuerdo con Gómez, el Estado "tiene hoy 406.358 demandas cuyas pretensiones ascienden a 386 billones de pesos. Si sumamos las internacionales llegamos a 410 billones de pesos en pretensiones".

Explicó que las cifras son el resultado de las exigencias de personas que, a la hora de interponer una demanda, exageran las pretensiones. 

"A veces el Estado logra demostrar que el demandante no tiene la razón. Por ejemplo, las acciones de grupos tienen las pretensiones muy infladas. Hay una sobre desplazamiento forzado que pretende cobrarle al Estado 3.400 billones de pesos; obviamente esta acción no va a prosperar por distintas razones técnicas, prácticas y jurídicas", señaló Gómez. 

También se refirió al caso concreto que se esta debatiendo de Bojayá. Advirtió que "son acciones de reparación directa por daños causados, imputables al Estado; es decir un daño antijurídico. Por ese tipo de demandas, Colombia enfrenta 59.375 procesos cuyas pretensiones ascienden a 127.9 billones de pesos". 

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El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado reveló que existe una deuda por el pago de condenas de distintos tipos de acciones. "Algunos casos porque el Estado pudo haber cometido realmente un daño antijurídico y, por lo tanto, es responsable; otros por una mala defensa y otras razones diversas, pero al final acaban los colombianos pagando". 

Advirtió que las cifras más preocupantes son las sentencias sin pagar de la Nación, de las que dijo no sabe la razón por la cual el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de no pagar, lo que ha generado una acumulación de deudas por sentencias.

"A la fecha de hoy desde el año 2014 (...) llegan a 8.75 billones de pesos, de los cuales el 40% aproximadamente corresponden a intereses de mora (...) son más caros porque son el máximo comercial de acuerdo con la ley vigente", indicó.

Sin embargo, resaltó que ya el gobierno incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo una norma específica con la que se espera bajar esa cifra sustancialmente y pagar las sentencias que el ciudadano ganó "en el justo derecho al Estado".

Fuente

RCN Radio

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