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Masacre en la iglesia de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002.
Masacre en la iglesia de Bojayá (Chocó), ocurrida el 2 de mayo de 2002.
AFP.

En carta enviada a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y el gobernador del Chocó, Jhoany Carlos Alberto Palacios, el procurador Fernando Carrillo pidió medidas urgentes e inmediatas de protección a la población de Bojayá, ante la presencia de paramilitares y guerrilla en la zona, conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

El jefe del Ministerio Público solicitó al Gobierno convocar de inmediato una reunión del Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías para evitar casos de desplazamiento forzado que podría desprenderse de la intimidación a la población por parte de esos grupos armados ilegales. 

“Se ha presentado ocupación de bienes, intimidación, situación de cofinanciamiento, riesgo de desplazamiento forzado y amenazas generalizadas contra la población de territorios colectivos y resguardos indígenas”, sostuvo la Procuraduría. 

Lea además: Gobierno insiste en que situación de orden público en Bojayá está controlada

La Procuraduría también pidió la implementación de un plan de acción integral que garantice la seguridad de la población y presencia de la fuerza pública y Fuerzas Militares. 

“Acciones que garanticen la protección de los habitantes del departamento, a través de programas de protección colectiva, programas de prevención del reclutamiento forzado, atención a víctimas de violencia sexual y la solicitud de medidas de protección individual para autoridades étnicas o líderes”, señaló la Procuraduría. 

En en ese sentido, para el organismo de control sería primordial coordinar, de manera prioritaria, una estrategia de atención de la población víctima de Bojayá y de los municipios del Medio y Bajo Atrato, "que se brinde asistencia humanitaria urgente a través del acceso a alimentos, brigadas de salud y dotación de infraestructura para su protección, con el objeto de mitigar los impactos causados por el confinamiento y el desplazamiento forzado"

Las alarmas están prendidas para evitar el retorno de la violencia en la región, después de que en mayo del 2002 murieran más de 100 personas al interior de la iglesia de Bojayá, cuando hizo explosión un cilindro bomba o pipeta, en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla de las Farc y grupos paramilitares.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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