Tribunal niega la libertad al gobernador del Chocó, Ariel Palacios
El funcionario es investigado por hechos de corrupción en contratos.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó mantener bajo detención domiciliaria al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, por su presunta responsabilidad en actos de corrupción en millonarios contratos suscritos durante la pandemia.
El magistrado a cargo del proceso señaló que "el que no tenga sentencias condenatorias como lo trae la nueva evidencia de la defensa no desvirtúa que estén vigentes esos procesos, en los que se presume inocente pero hay investigaciones por la justicia por hechos similares".
También indicó que la medida de aseguramiento se mantiene porque persiste el riesgo de una obstrucción a la justicia y un peligro para la comunidad.
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Asimismo, sostuvo que "ninguna de las evidencias allegadas por la defensa tiene la entidad de constituir razonamientos suficientes que lleven a este juez de garantías, a inferir que Ariel Palacios Calderón no sea autor del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales".
Según las investigaciones, en calidad de gobernador y mediante el Decreto 0081 del 20 de marzo de 2020, Ariel Palacios declaró la urgencia manifiesta en el departamento para disponer de recursos y cubrir programas de salud pública, con el fin de atender las necesidades ocasionadas por la covid-19.
En atención a la urgencia manifiesta, se estableció que la Gobernación del Chocó celebró de manera directa el contrato 003 del 3 de abril de 2020, para adquirir elementos de bioseguridad por un valor superior a los 220 millones de pesos.
En desarrollo de las indagaciones se determinó que durante la celebración de esa millonaria contratación fueron cometidas varias inconsistencias de ley.
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La Fiscalía General de la Nación descubrió ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos, presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista.
De igual forma, los investigadores descubrieron que el gobernador no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que dio vía libre la urgencia manifiesta, ni los soportes del proceso de contratación directa como lo establece la normatividad vigente.
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