Cargando contenido

Ahora en vivo

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Grupos ilegales
Grupos ilegales
Foto: archivo Colprensa

Al ratificar la condena de 10 años de prisión impuesta por el Tribunal de Medellín contra Antonio Nel Zúñiga, principal socio de Urapalma, por desplazamiento y concierto para delinquir, la Corte Suprema de Justicia concluyó que las empresas palmicultoras sirvieron a intereses de las Autodefensas. 

“El vínculo de las empresas palmicultoras -principalmente Urapalma- con los intereses de las autodefensas, es un hecho suficientemente decantando en el contexto macrocriminal acaecido a finales de la década de los noventa en aquella región del bajo Atrato Chocoano”, dice el fallo. 

La sala penal hizo un análisis de cómo se aliaron palmicultores, miembros del Ejército y paramilitares del Chocó, para apoyar proyectos agroindustriales ilegales de la casa Castaño en 1997, que en su mayoría consistían en cultivos de palma de aceite africana y ganadería. 

“Por medio de maniobras ilegales, como la celebración de compraventas en las que figuraban personas fallecidas, el incremento de los predios por medio de acciones fraudulentas o el empleo de documentación falsa, pretendió obtener la legalización de las tierras ocupadas”, dice el documento. 

Señaló la Corte que para ello, las empresas palmeras entre ellas Urapalma, de la cual, el hoy condenado Anel Zúñiga era principal socio, facilitaban la ocupación ilegal de tierras a la postre de los Castaño. 

“Esas empresas requerían mostrar una supuesta legalidad con el fin de hacerse a créditos y beneficios oficiales, que en últimas irían a parar a manos paramilitares”, señala uno de los apartes del documento. 

Con dicho actuar salieron perjudicadas por desplazamiento formado las comunidades raizales asentadas en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó.

La Corte le dio la razón al Tribunal Superior de Medellín cuando condenó a Zúñiga, y señaló que la Operación Génesis del Ejército al mando del entonces general Rito Alejó del Río - en febrero de 1997 - permitió el desplazamiento de miles de campesinos de dicha región. 

 

“En aquella época (...) el Ejército, al igual que otros estamentos oficiales, fue un aliado más de las AUC”, puntualizó el Alto Tribunal. 

Encuentre más contenidos

Fin del contenido.