Piden enfoque de género para mujeres en prisión

Una investigación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),  la  Universidad Javeriana, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México (CIDE), cuestiona si la prisión debe ser la principal respuesta frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que son responsables del cuidado de sus familias.

El informe que se denomina Mujeres y prisión en Colombia: necesidades y efectos diferenciados por razón del género, realizado a partir de más de 1.100 encuestas a hombres y mujeres privados de libertad en siete centros penitenciarios del país, indica que el número de detenidas  en centros penitenciarios del  INPEC  pasó de 1.500 en 1991 a 7.944 en junio de 2018.

“Este acelerado incremento del 429%, contrasta con el aumento del 300% en el número de hombres en el mismo período”, precisa la investigación.

“Personas cabeza de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores, y víctimas de algún tipo de violencia: es el perfil de las mujeres privadas de libertad en las cárceles colombianas. La mayor parte no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez ”, reseña el informe.

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Añade que  el 53.4% de  las reclusas dice  “haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2% fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva ”.

La investigación deja en claro que  la detención en centros de reclusión de las mujeres delincuentes  “no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, y en cambio sí tiene impacto en su núcleo familiar: al momento de su encarcelamiento el 85% eran madres, y el 54% de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuales eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención”.

La investigación concluye que con el ingreso a prisión de la mujer, “se rompe el núcleo familiar. Esto deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma, y las presiones sociales y económicas que, a su vez, pueden llevarlos a vincularse con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente