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Por la vía de la tutela, jueces acabarían con mecanismos de control poblacional en San Andrés

Una acción de tutela, revisada por la alta Corte, abrió la puerta por donde se escapan las funciones administrativas de la entidad que regula la migración hacia las islas

Por cuenta de la Sala Primera de Revisión de la Honorable Corte Constitucional; de magistrados y jueces de la república; el director de la Oficina de Control, Circulación y Residencia OCCRE; así como la Junta Directiva de esa entidad, se quedarán sin competencia para decidir quiénes si y quiénes no cumplen con los requisitos para residir en el archipiélago de manera regular.

Así se desprende de un fallo proferido recientemente por la Corte Constitucional que, como protección al derecho fundamental de contar con una familia, a un menor de edad, ordenó entregar la tarjeta de residencia a su progenitor, además de levantar una multa que le fue impuesta por haber permanecido en situación irregular en la isla por varios años.

Lo grave es que los procesos de verificación y sanción que se desprenden de los procesos administrativos que se cumplen en las islas, son desechos por las determinaciones que se adoptan en los estrados judiciales.

En efecto, después del fallo proferido por la Corte Constitucional, jueces de la república han ordenado a la Occre, que expida tarjetas de residencia en favor de los tutelantes. En total se han producido doce (12) fallos que pasan por encima de las decisiones administrativas del director y de los recursos subsidiarios de apelación y de reposición ante la Junta Directiva de la Occre.

La comunidad de las islas reaccionó ante la posibilidad de que, tanto el director de la Occre, así como la junta directiva de la misma, pierde autoridad frente a las decisiones judiciales que emiten jueces de tutela, ya que quienes no puedan demostrar tener derechos para residir en las isla, lo hagan amparado en acciones judiciales.

Joseph Barrera Kelly, director de la Oficina de Control Poblacional Occre, advirtió que el fallo no se ajusta a la realidad, porque ignoró a la Occre en un fallo que favorece a un ciudadano que no cumple los requisitos para permanecer o residir en el departamento archipiélago.

Por su parte, la vocera del Movimiento por la Autodeterminación del Archipiélago AMEN SD, Corine Duffis Steel, respaldó las acciones que frente al ente de Control Migratorio ha desarrollado el abogado Joseph Barrera Kelly, quien ha mostrado un desempeño intachable al frente del organismo y, planteó la posibilidad de que la población de las islas cierre la entidad para que sean jueces y magistrados quienes determinen el control a la densidad poblacional.

“Quienes hicieron la OCCRE sin autonomía administrativa ni económica, ahora encontraron una manera de vulnerar las decisiones de control que se adoptan aquí en las islas”, adviertió la dirigente raizal.