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El Estado se abstuvo de suscribir la declaración de la ONU sobre Derechos de Campesinos y Otras Personas que trabajan en las zonas rurales.

Campesinos
Campesinos trabajando la tierra.
Colprensa - Raúl Palacios

La resolución se adoptó finalmente por la Organización de las Naciones Unidas hace algunos días, con 144 votos a favor, 7 en contra y 49 abstenciones, dentro de las que se encuentra la del Estado colombiano.

Consultamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual informó que la posición obró en consonancia con el concepto técnico emitido el 17 de noviembre por parte de 10 entidades nacionales, lideradas por el Ministerio del Interior.

Argumenta el Ministerio que “el concepto de campesino y trabajador rural es sumamente amplio, y difícilmente se define de la misma manera en las legislaciones internas de los diferentes Estados”.

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El argumento contrasta con el concepto de Adriana Fuentes, profesional de FIAN Colombia, organización dedicada al cuidado de la seguridad alimentaria y quien ha seguido el proceso de la resolución.

Considera que “el concepto que ofrece la declaración, al ser una declaración internacional, debe ser lo suficientemente amplio para que pueda adaptarse a las legislaciones internas y las especificidades de cada país” y cuestiona “es absolutamente aplicable”.

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Por su parte, la Cancillería añade dentro de sus argumentos que “los derechos colectivos que reconoce la declaración exceden y trascienden la legislación colombiana” y advierte además que “algunos elementos de la declaración van en contravía de obligaciones contraídas por los Estados en virtud de acuerdos comerciales y de propiedad intelectual; entre otros”.

Ante ello, Fuentes controvierte diciendo que “es lamentable que el Estado pretenda hacer prevalecer acuerdos comerciales sobre lo que son derechos fundamentales (...) uno de los grandes avances de la declaración es permitir al campesinado el derecho de manejar sus semillas, semillas libres y la protección de sus propios conocimientos hoy privatizados”.

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La carta de la indignación

Aunque la declaración de la ONU no tiene carácter vinculante, sí puede guiar a los estados en la protección a su campesinado. Es por eso que varias organizaciones sociales mostraron preocupación por la abstención del país a apoyar la iniciativa.

De hecho, a la Presidencia de la República llegó una carta firmada por 52 organizaciones sociales, campesinas y ambientales; decenas de académicos y algunos congresistas “manifestando la inconformidad y la indignación”.

La especialista Adriana Fuentes actúa como vocera de los firmantes de la carta. Ella advirtió que el país entrega un mal mensaje a la comunidad internacional, al no apoyar una iniciativa que toca directamente a uno de sus grupos poblacionales más vulnerables por la exclusión y la violencia histórica.

La Cancillería aclaró que su abstención “no significa un rechazo a la declaración. Simplemente denota reservas frente a algunos apartes de su contenido”. Advierte que “persisten áreas en los que la declaración, la política del Gobierno Nacional y la capacidad del Estado aún deben converger”.

Fuente

RCN Radio

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