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Los comerciantes temen que estos ciudadanos puedan regresar o se queden en esta zona, porque no tienen para dónde salir hacia su país.

Kristian Krugüer Sarmiento, director de Migración Colombia
Kristian Krugüer Sarmiento, director de Migración Colombia.
Cortesía: Migración Colombia

Martha Yaneth Vargas Silva, representante de los comerciantes ante la Comisión Regional de Competitividad del Guainía, cuestionó en RCN Radio la decisión de Migración Colombia de expulsar desde ese territorio a 59 ciudadanos venezolanos, señalados de realizar actividades que podrían en riesgo el orden público durante las protestas.

Según Vargas, lo que hizo Migración Colombia fue dejar a los extranjeros expulsados en una población denominada 'El Burro', en el estado de Apure (Venezuela), en la extensa frontera que comparte Colombia con el vecino país.

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"Pero no hubo ningún procedimiento regular, por lo que tememos que estos ciudadanos puedan regresar o se queden en esta zona porque no tienen para donde salir", señaló.  

Explicó que "cualquier persona venezolana que ingrese a nuestro territorio, difícilmente se devuelve y difícilmente sale para otra ciudad. Por eso, una vez la ciudadanía se enteró de lo que estaba sucediendo, de la decisión que tomó el Gobierno Nacional de llevarnos 60 delincuentes capturados en Bogotá a nuestra frontera, decidimos tomar acciones".

Señaló, además, que por las condiciones geográficas de la frontera difícilmente las personas expulsadas de territorio colombiano van a poder llegar a ciudades de Venezuela.

"Se quedarían en el río o se vuelve para Inírida (la capital). Entonces la ciudadanía empezó a tomar la decisión de irse para el aeropuerto y no permitir la llegada del vuelo. Era la única posibilidad que quedaba para evitar que llegaran estos delincuentes a nuestra ciudad", aseguró.

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Por su parte Migración Colombia advirtió que no están "obligados a avisar a las autoridades locales sobre las medidas administrativas que se aplicarán por los Puestos de Control Migratorio ubicados en su jurisdicción. Estas medidas buscan garantizar el orden público y la seguridad nacional".  

Además, rechazaron actos adelantados por los habitantes de Puerto Carreño e Inírida: "Hacemos un llamado a las autoridades locales y departamentales, alcaldes y Gobernadores, para no obstaculizar la ejecución de este tipo de medidas". 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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