A través del secretario privado, Enrique Riveira Bornaceli, la Presidencia de la República respondió a la carta enviada por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en la que plantea 60 interrogantes frente al proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las Farc en La Habana. “Por considerarlo improcedente a la luz de la normativa constitucional vigente, he recibido instrucciones para devolver sin trámite su oficio del pasado 1 de agosto de 2016”, se lee en la respuesta. “Leídos los sesenta cuestionamientos contenidos en su documento, resulta evidente que la intención del cuestionario no es la de obtener información relativa a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones en La Habana, que por demás es pública, sino la de adelantar una actividad de control político contra el Presidente de la República, más afín al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público”, agrega. Según la respuesta emitida por la Casa de Nariño, muchos de los interrogantes planteados por Ordóñez Maldonado “pretenden confundir a la ciudadanía”, mientras que otros “contienen afirmaciones que revelan una posición política acerca de lo negociado con las FARC-EP, para luego inquirir por qué las cosas no se han hecho en la forma en la que el señor Procurador caprichosamente estima conveniente”. El secretario privado recuerda en la misiva, dirigida a Alejandro Ordóñez, que el presidente “es el responsable de conservar el orden público en todo el territorio nacional y que derivado de dicha obligación tiene la potestad exclusiva para adelantar diálogos de paz y para definir los mecanismos necesarios para la reincorporación de delincuentes políticos a la vida civil”. “No es el procurador general de la Nación al que le corresponde ejercer las funciones de control político de las negociaciones de paz, alegando competencias constitucionales que no tiene”, asegura Riveira, quien además insiste que en el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley del plebiscito, “este alto tribunal resaltó la prohibición absoluta que recae sobre los servidores públicos de los organismos de control de participar en actividades de proselitismo político”. El pronunciamiento de la Casa de Nariño se da en respuesta a una misiva que el procurador Ordóñez envió este lunes al presidente Juan Manuel Santos con 60 preguntas sobre los alcances de los acuerdos de paz que se negocian en Cuba entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. En el documento de 12 páginas, el procurador Ordóñez pide claridad sobre los detalles de los acuerdos anunciados el pasado 23 de junio por el presidente Santos y el jefe de las Farc, alias ‘Timochenko’, en lo correspondiente al cese del fuego de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. De la misma forma, expresó sus inquietudes frente a los alcances sobre las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales. En el documento, Ordóñez Maldonado le recordó al presidente Santos que salvo algunas excepciones el mandatario tendrá que responder sin ningún tipo de reserva a las peticiones del Ministerio Público. Dentro de las preguntas del procurador general, se destacan las inquietudes sobre la desmovilización total de las Farc, la exclusión del término ‘desmovilización’ en el marco de los acuerdos, el tránsito de los guerrilleros a las zonas veredales y la incertidumbre sobre los miembros de esa organización, una vez se cumpla el plazo máximo de 180 días fijado para dejación de las armas, entre otras. Esta es la carta enviada al procurador